La puesta en libertad provisional bajo fianza de los cuatro detenidos por el asalto en febrero pasado al hospital de La Línea, donde liberaron a uno de sus compinches (detenido por la Policía y trasladado allí para curarle de sus heridas) provocó nada más hacerse pública la esperada oleada de reacciones contrarias en las redes sociales y, también en privado, en determinados ámbitos sindicales. Es obvio que a nadie tranquiliza que estos cuatro delincuentes, sus otros quince cómplices y el fugado estén hoy paseándose por las calles de La Línea haciéndose selfies, pero hay que dar tiempo al tiempo. La alarma social generada es lógica y real, no un invento de los medios de comunicación para ganar audiencia. Y, sin embargo, debe ser encauzada como un elemento positivo de presión ante nuestros responsables públicos, no como excusa para buscar atajos al margen de la ley.

La prisión provisional, por ejemplo, no puede servir en ningún caso como condena anticipada por un delito, por nítido que este nos pueda parecer. Mantener a una persona en situación de reclusión preventiva tan solo se contempla bajo unas condiciones especiales que, en este caso, la juez correspondiente considera que no se dan. Dejemos actuar al Estado de Derecho y respetemos las decisiones de los profesionales: son los jueces y fiscales, los policías, los guardias civiles y los miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera quienes se enfrentan en primera línea a las mafias y nadie más interesado que ellos, junto a las víctimas de la delincuencia, en poner punto final a esta pandemia.

El pasado viernes, durante su intervención en el Foro Joly dedicado a conmemorar el 150 aniversario de la fundación de Diario de Cádiz, Mariano Rajoy aludió de forma expresa a la situación de inseguridad generada por las mafias del narcotráfico en el Campo de Gibraltar. El presidente del Gobierno anunció, en concreto, el refuerzo del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), un incremento de las cámaras de vigilancia en la comarca y la compra de nuevas y más potentes embarcaciones para las fuerzas de seguridad. No obstante, pasó de largo sobre la necesidad de aumentar las plantillas policiales -muy mermadas a cuenta de tasa de reposición cero del personal en las administraciones públicas-, de la prohibición de navegación de las lanchas planeadoras -la reforma legislativa duerme en el Ministerio de Fomento- y, no menos importante, el aumento de los medios a disposición de la Justicia, especialmente en el ámbito penal.

A la vista de lo escuchado a Rajoy, debemos felicitarnos por que la lucha contra las mafias de la droga esté sobre la mesa del Consejo de Ministros y sea objeto de preocupación, pero es necesario que el Ejecutivo, con el apoyo de la UE, acentúe aún más sus medidas en esta materia, al igual que ante el aumento de las pateras y la muerte de miles de personas en el Estrecho a manos de los traficantes de personas. El narco y el drama de la inmigración, así como sus consecuencias, superan con mucho los límites territoriales del Campo de Gibraltar, una comarca que debe dejar de ser observada como el origen o causa de ambas problemáticas y pasar a ser tratada como la primera damnificada, como la primera línea de trincheras en Europa donde se sufren y combaten a diario.