La pandemia del covid-19 ha puesto de manifiesto el colapso institucional de las administraciones, ya sea a nivel local, autonómico o estatal. Conseguir una cita previa para hacer trámites en la Administración resulta imposible desde hace meses.

La Seguridad Social sufre ese colapso por el déficit de personal. El aumento de las tramitaciones de prestaciones sociales y los ERTE se ha visto agravado por las tramitaciones del ingreso mínimo vital.

Al suspenderse la presencialidad, la Sede Electrónica podría haber resuelto parte del problema, pero son muchos los que no tienen certificado digital, ni clave para acceder a los servicios. Y la atención telefónica se ha hecho imposible.

Este colapso de la Administración ha paralizado totalmente la gestión de forma presencial en las oficinas de la Seguridad Social, ya sea para jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad o a favor de familiares… La mitad de las provincias de este país ya no disponen de citas previas ni dan la posibilidad de pedirla para los próximos meses.

El mensaje que aparece al gestionar la petición es el siguiente: "Lo sentimos, no existe disponibilidad en los próximos días para el servicio solicitado. Si lo desea, puede intentar de nuevo su búsqueda volviendo a la pantalla anterior y eligiendo otra ubicación".

La precariedad de medios disponibles y la pérdida de efectivos sin capacidad de reposición, tanto en el INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social), como en la TGSS (Tesorería General de la Seguridad Social) y en el CAISS (Centro de Atención de Información de la Seguridad Social) ha provocado un bloqueo de atención presencial.

La plantilla está envejecida (55 años de media) y mal gestionada. Según los datos, en 2010 había un total de 31.897 empleados públicos en la Seguridad Social. Diez años después este número se ha reducido un 20 %.

Tampoco el teletrabajo ha resuelto este problema crónico de la Administración, no sé si por la escasa preparación de los funcionarios para este sistema o por las complejidades burocráticas, muchas veces absurdas e inútiles de la propia Administración.

Los sindicatos dicen que solo en la Seguridad Social hacen falta más de 10.000 funcionarios, porque el sistema ha perdido la capacidad de asumir el volumen de gestión que le demanda la ciudadanía. Y el Gobierno no puede pretender atender con el mismo personal un volumen de trabajo que no cesa de aumentar en prestaciones. ¿Se ha calculado el coste de este enorme colapso? No, pero el costo económico y social será muy alto.