Lasdos últimas ejecuciones por ahorcamiento se cumplieron en Gran Bretaña el 13 de agosto de 1964 y la pena de muerte quedó abolida en 1969. La última ejecución por guillotinamiento se cumplió en Francia el 10 de septiembre de 1977 y la pena de muerte quedó abolida en 1981. En 27 estados de Estados Unidos está vigente la pena de muerte. Dar muerte legalmente no es privilegio solo de las dictaduras. Se ejecutaba en la España de Franco y en la Gran Bretaña democrática y moderna de 1964, el año de ¡Qué noche la de aquel día!, Carnaby Street y el Swinging London. Se ejecutaba en la Francia incuestionablemente democrática -uno de los faros culturales de la modernidad desde los años 50- en 1977, dos años después de las últimas ejecuciones franquistas de septiembre de 1975. Con todas las garantías procesales propias de las democracias inglesa y francesa, eso sí.

Hay formas legales de dar muerte que estuvieron y están -caso escandaloso de Estados Unidos- admitidas por democracias maduras y plenas como resultado de votaciones que llevan al Gobierno a determinados partidos o referéndums convocados para decidir sobre esta cuestión. El aborto es una forma de dar muerte -porque ni siquiera los pro abortistas más radicales pueden negar que se trata de matar- plenamente democrática y legal que cuenta con el refrendo de la mayoría ciudadana.

Es así como, sé que en opinión muy minoritaria y peor vista, contemplo la cuestión del aborto sin causa terapéutica, utilizado como un bárbaro regulador de la natalidad y justificado por las mentiras de que garantiza el derecho de la mujer a disponer de su propio cuerpo y decidir sobre su maternidad. Es mentira, objetivamente, porque no se trata solo de su cuerpo, sino de la vida otra que crece en él, y porque la libre elección de la maternidad tiene que ver, en una sociedad desarrollada, con el uso de los anticonceptivos y no con matar a los fetos.

Ayer el Consejo de Ministros aprobó que las menores de 16 años puedan abortar sin consentimiento paterno, tras recibir los informes preceptivos de la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado. Todo democrático, legal, constitucional. Y por ello mucho más desmoralizador y triste. Porque extiende la responsabilidad del feticidio sobre toda la sociedad como expresión de una voluntad mayoritaria avalada por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.