El republicanismo catalán resumía en una frase la tragedia más representada en los escenarios políticos de este país. O Ciudadanos o nosotros. Somos incompatibles, así que el Gobierno debe elegir en quien apoyarse para sacar adelante sus presupuestos. Pero la diatriba de Rufián no ha sido más que una entre otras muchas similares lanzadas desde ambos lados del hemiciclo. Para esta nueva generación de políticos empeñados en marcar territorios ideológicos, el espíritu de la reconciliación de los 80, tan ejemplar para el resto del mundo, parece haber perdido su encanto frente al vértigo del revanchismo. Es el resultado de más de una década de debate político desde la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, en 2007, en el que las ideologías han conseguido imponerse a la razón, alcanzando su mayoría de edad durante esta legislatura, gracias al impulso del gobierno.

Este es el escenario político en el que, por decisión de nuestros representantes, hay que situar el ingente trabajo de reconstruir una de las economías más gravemente dañadas por la pandemia a nivel mundial. Los datos son demoledores. El PIB se desplomó durante el primer trimestre un 5,2%, pero su caída en el conjunto del año duplicará, como mínimo, esta cifra, mientras que la tasa de paro, que se situaba en el 14,2% a finales de marzo, podría prolongar su escalada hasta volver a superar la barrera del 20%. Cientos de miles de parados sin opciones de empleo a medio plazo justifican sobradamente la urgencia en sacar adelante el Ingreso Mínimo Vital y otras medidas que obligarán al gobierno a lidiar durante los dos próximos años con un déficit y un endeudamiento públicos superiores al 10% y 115%, respectivamente, del PIB. Afortunadamente la mayoría de nuestros socios europeos ha terminado por entender que las ayudas a la reconstrucción no pueden ignorar un panorama fiscal y financiero inevitablemente marcado por un importante aumento del gasto público y una caída simultánea de los ingresos fiscales.

Si se cumplen las perspectivas más optimistas (ausencia de rebrote de la epidemia), en 2021 se podrá volver a hablar de restauración del equilibrio en las finanzas públicas, pero ahora lo urgente es redefinir las prioridades presupuestarias. Algunos programas no esenciales en términos de emergencia tendrán que aceptar un periodo de austeridad solidaria, mientras que la necesaria implicación de todas las energías disponibles aconsejaría recuperar la prevalencia de la razón frente a la dialéctica intransigente de las ideologías.

La vicepresidenta Calviño sostiene que la recuperación ha comenzado y que ahora corresponde dirigirla para que llegue donde sea necesaria y en la forma más adecuada. Habrá discrepancias y nuevos errores, pero no es momento de hurgar en las heridas, sino de cerrarlas y, sobre todo, de movilizar todas energías disponibles en una misma dirección. Dispersarlas en debates sobre el papel de lo público y lo privado o sobre las ventajas e inconvenientes del turismo o la industria de la automoción solo se entiende entre quienes se sienten a salvo de los devastadores efectos de la pandemia, además de encubrir una actitud necia e insolidaria.

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