Análisis

Joaquín Aurioles

La evidencia científica como excusa

La singularidad de la crisis del coronavirus ha dado lugar a una gestión política peculiar en muchos aspectos y, entre ellos, el de la comunicación. Especialmente llamativo ha sido el lenguaje bélico en las arengas a la resistencia y el confinamiento, así como las continuas referencias al consejo de científicos, técnicos y expertos para justificar errores y eludir responsabilidades políticas.

Pero mientras que el lenguaje bélico ha llegado a desaparecer, afortunadamente, casi por completo durante la desescalada, el recurso a la "tapadera científica" no sólo no decae, sino que incluso se intensifica a raíz de la causa judicial sobre las responsabilidades penales por las manifestaciones del 8-M. El propio ministro Illa justificaba la permisividad por la ausencia de evidencia científica sobre la gravedad de la amenaza sanitaria a principios de marzo, aunque en esta ocasión suene a búsqueda desesperada de puertas para salir del apuro.

El método científico es una especie de protocolo que siguen los científicos para validar el conocimiento adquirido sobre cómo funcionan las cosas. El primer paso consiste observar el fenómeno que nos interesa, obtener datos y ordenarlos de forma que se puedan analizar. A continuación, se formulan hipótesis sobre lo que determina su funcionamiento y, en tercer lugar, se vuelve a acudir al a realidad, o a los laboratorios, para contrastarlas.

Las hipótesis son proposiciones interpretativas que suelen estar cargadas de subjetividad e incluso de ideología, por lo que han de someterse a pruebas de incoherencia (refutación) que pueden obligar a modificarlas o a descartarlas. Solo cuando las hipótesis han sido suficientemente contrastadas pueden convertirse en teorías que satisfagan las evidencias científicas reclamadas por el ministro.

El problema es que ante una emergencia como el Covid-19, las decisiones no pueden esperar a que las evidencias científicas estén disponibles. De la misma manera que si a un edificio le aparecen grietas repentinas en la fachada, el desalojo no puede esperar a que las pruebas de laboratorio dictaminen sobre la resistencia de los materiales, tampoco la complejidad de los protocolos científicos puede servir de excusa para camuflar responsabilidades administrativas por pasividad, sobre todo cuando las evidencias que se acumulan son las de advertencias previas a las manifestaciones sobre la gravedad de la amenaza del contagio.

El propio Banco Central Europeo decidió la inyección urgente y masiva de liquidez para impedir la desaparición de empresas afectadas por el cierre de sus mercados, sin evidencias científicas sobre sus consecuencias.

La experiencia de la crisis anterior y la intuición, que con frecuencia se alimenta del miedo, le llevó a seguir los consejos de técnicos y expertos. También el Gobierno de España decidió apoyarse en sus técnicos más cualificados para diseñar el confinamiento posterior al 8-M y la desescalada, a pesar de la debilidad de la fundamentación científica.

La necesidad de improvisar explica los errores cometidos y las frecuentes rectificaciones, pero no es excusa la pasividad frente al riesgo sanitario de las movilizaciones del 8-M.

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