El Gobierno tiene la obligación de preservar y asegurar la salud de sus ciudadanos, pero no puede ser su única prioridad ni puede agarrarse a esa obligación para mantener un confinamiento en condiciones extremas.

Entre otras razones porque expertos que no son consultados por el Gobierno -da la impresión de que ficha a los dispuestos a decir amen a lo que conviene a Sánchez- afirman que el confinamiento no garantiza que el virus no vaya a afectar a miles de ciudadanos más. Insisten en que más que el confinamiento es importante el control exhaustivo, que en España ha sido irrelevante, mientras otros países han realizado millones de test masivos.

No hay país europeo tan estricto como España, la nación del mundo con mayor porcentaje de fallecidos por habitante y la de mayor porcentaje de sanitarios infectados. Este Gobierno que nos sale tan garantista no sólo no hizo los deberes cuando recibió las alertas de la OMS y de la UE, sino que cuando tuvo a bien iniciarlos... los hizo rematadamente mal. El espectáculo del personal sanitario protegiéndose con bolsas de basura, la falta de test, mascarillas y material de protección, la compra de material deteriorado... Todo eso se le puede y debe echar en cara a un Gobierno al que le lloverán querellas.

Prolongar el estado de alarma como pretende Sánchez no es garantía de nada. Pero sí le sirve para seguir gobernando como hasta ahora, dejando al margen leyes e instituciones: nombra altos cargos sin tener en cuenta las condiciones que exige la ley, convierte decretos ley en normas ministeriales para evitar su debate y aprobación parlamentaria, asume competencias de comunidades autonómicas, paraliza los tribunales, toma medidas económicas y laborales a voleo... El SEPE paga por los ERTE cuando quiere y no cuando debe. Y demoniza a aquellos, incluso socialistas, que ponen en cuestión que el Ejecutivo actúe de forma competente y conforme a la ley. Sánchez exige sentido de la responsabilidad. Lo que hay que oír...