Tiene razón la consejera de Cultura de la Generalitat. Si los partidos independentistas sufragan TV3, herramienta fundamental para avivar en las casas el rencor y el victimismo del racismo catalanista, qué menos que no haya cesión alguna al castellano y que el resto de España siga siendo una amenaza hostil a su destino pluscuamperfecto como futura nación soberana, sin reyes y sin idiomas bárbaros. No debería haber ni una sola concesión al castellano ni a nada que represente la convivencia amable y sincera entre los españoles. Un gobierno independentista no puede permitir la vergüenza de que sus ciudadanos escuchen palabras en la lengua en la que se expresan los andaluces, los delincuentes y los corruptos. Se ha equivocado Mediapro, a través de El Terrat, con Drama: es una serie que mezcla el catalán y el castellano, dos idiomas tan desiguales e indignos de rozarse. Qué afrenta.

Sí, los independentistas tendrían toda la razón de erradicar el castellano de sus vidas (lo intentan a cada instante) y prohibirlo expresamente en las cadenas públicas, pero no cuentan con el detalle de que el 49% de la población catalana se comunica en primer lugar en castellano y un 7% es bilingüe con la otra lengua española de la comunidad, es decir, el catalán.

Lo de Drama es sólo una muestra de la idea equivocada que tienen los políticos de convertir las cadenas públicas de sus demarcaciones en un aparejo de su propaganda e intereses. No va más lejos de lo que Podemos intenta con todo su empeño en RTVE con la participación del PSOE. Y el PP allá donde ha podido. Es un error frecuente y generalizado. Las cadenas públicas las pagan los contribuyentes, los que hablan en castellano y en aranés, los que les gusta la filatelia e incluso votan a partidos insospechados. El jefe es el público, no el político. Y cuando se está por debajo de los dos dígitos (TV3, precisamente, no lo está) además no se tiene influencia ni presencia. Una cadena pública sin público es irrelevante y se torna en un lujo discutible.

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