A tan sólo dos días del acuerdo de salida, Boris Johnson por el Reino Unido (RU) y Michel Barnier por la Unión Europea (UE), han marcado sus posiciones estratégicas para la larga batalla del acuerdo de asociación que definirá sus futuras relaciones. La UE invita al RU a que acceda al Mercado Único Europeo libre de aranceles y cuotas, pero con la aceptación de toda las normas y regulaciones de la UE. En el extremo opuesto Boris Johnson pretende un acuerdo de libre comercio, sin aranceles y cuotas, pero sin alineamiento con la reglamentación de la UE, manteniendo su soberanía normativa. Como comentaba en el último artículo, la primera jugada, la más complicada, será la de quien ostenta el poder normativo.

Michel Barnier ha afirmado "Estamos preparados para ofrecer un acuerdo comercial ambicioso, con cero aranceles ,cero cuotas y acceso a un mercado de 450 millones de personas". Un acuerdo de libre comercio, no solamente de mercancías sino también de servicios, privados y públicos, propiedad intelectual etc. Con dos únicas condiciones. La primera es la aceptación de la normativa europea en el ámbito técnico, laboral, social, medioambiental, fiscal y de ayudas de estado. Con sometimiento al Tribunal de Justicia Europeo y al órgano de apelación para resolver las diferencias. La segunda es que venga acompañado de un acuerdo pesquero de acceso continuado y recíproco de la flota pesquera de la UE a las aguas del RU. El acuerdo respetará la Convención Europea de Derechos Humanos y los estándares europeos de protección de datos.

Ante una audiencia de empresarios Boris Johnson le respondía "No hay necesidad de un acuerdo de libre comercio que obligue a aceptar las reglas de la UE en asuntos de competencia, subsidios, protección social o medio ambiente, más que la que existe para que la UE acepte nuestras reglas británicas, más exigentes y elevadas que las de la UE. Queremos un tratado de libre comercio, que habrá mercados y evite aceptar la panoplia de regulaciones comunitarias. Un acuerdo similar al de la UE con Canadá, o parecido al de Australia". Con estos planteamientos tan distantes está garantizada una larga batalla, demasiado compleja para dirimirla en 11 meses. Inicialmente la disputa será por el fuero, por la prevalencia de la soberanía y autonomía legislativa. Boris Johnson quiere cumplir con lo prometido a sus votantes: recuperar la libertad, la soberanía. Pero la UE no puede otorgar al RU un acuerdo con unas condiciones tan atractivas que estimulen el deseo de independencia de otros socios europeos como Italia. El Brexit debe ser una vacuna, no una llamada a la definitiva desintegración de la Unión Europea.

El acuerdo con Canadá se consiguió tras unas negociaciones de siete años. Ahora se dispone de once meses. Y el acuerdo con Australia es muy limitado, sectorial, insuficiente e inconcluso. Tal y como están las cosas un buen resultado sería llegar a un acuerdo de mínimos a finales de 2020, que recogiese las áreas indispensables y urgentes, posponiendo las demás (servicios). Un acuerdo por fases, a lo largo de varios años. La incertidumbre se prolongaría, pero a cambio las empresas y entidades financieras tendrían más tiempo para su adaptación.