En plena pandemia y con Europa inmersa en una descomunal crisis económica, va el Tribunal Constitucional alemán y le da una patada al proyecto europeo. Ha dictaminado que el programa de compra de deuda que puso en marcha Mario Draghi en 2015 -el Public sector purchase programme (PSPP)- es "desproporcional" y le da al BCE un plazo de tres meses para demostrar que no se ha extralimitado en sus competencias. Parece que estos jueces alemanes han olvidado que las naciones de la Eurozona no tienen poder para cuestionar lo que se decide respecto a la política monetaria. Hay que recordarles que cedieron soberanía a una entidad supranacional e independiente para que actuara con total autonomía en este aspecto.

Si algún tribunal puede vigilar esa actuación del BCE es el Tribunal Constitucional Europeo, y éste ya falló en 2018 avalando su legalidad. Por eso, el BCE no se ha inmutado y se ha limitado a comunicar escuetamente que toma nota, pero que seguirá haciendo todo lo necesario. O sea, que piensa seguir con dicho programa, con el nuevo -el Pandemic emergency purchase programme (PEPP)-, con el resto de medidas que ha adoptado, y lo que haga falta. También podría haberle aclarado a los alemanes que mientras que pertenezcan al club, el Bundesbank tendrá que hacer lo que se le ordene, porque en política monetaria es sólo la sucursal operativa que tiene en ese territorio europeo.

Ni son las formas adecuadas ni es a nivel nacional como hay que plantear el necesario debate sobre el papel que se le está haciendo jugar al BCE. Con la crisis de 2008, tuvo que tomar el mando y sacar las castañas del fuego. Desde entonces, en una constante huida hacia adelante, la eurozona ha desperdiciado doce años sin enfrentar las incoherencias y debilidades del proyecto europeo. De nuevo, con la pandemia, el BCE también se ve sin el acompañamiento de una respuesta fiscal contundente común europea. Si los alemanes se muestran así con el PSPP, a saber cómo reaccionarán con el PEPP, con el que el BCE se ha dotado de mucha mayor libertad de movimiento.

Y es que esta forma de solidaridad por la puerta falsa que supone la actuación del BCE termina finalmente siendo más controvertida y generando más resentimiento. Así lo advertían hace unos días 80 economistas holandeses -los Países Bajos están siendo aún más críticos que los alemanes- en el diario Volkskrant. Pedían "al Gobierno holandés que cambie de rumbo y que apoye un enfoque europeo" porque, en otro caso, el BCE actuará por su cuenta nuevamente y esto, dicen, supone una clara falta de legitimidad y de orientación política.

Están de acuerdo, como reclamamos desde España, en que ahora es el momento de una respuesta europea contundente y generosa, aunque, eso sí, señalan que en el futuro habrá que exigir a los países reformas y que ordenen sus cuentas. Lo decente sería que los necesitados de ayuda no esperen a que se les obligue a esto, sino que deberían voluntariamente y desde ya actuar para ganarse la credibilidad y la confianza del resto: no se puede apelar al esfuerzo común pero no querer ni un poco de sufrimiento propio: es la postura del gobierno español que pide y pide y no hace ni el mínimo gesto.