Casi cualquier puesto de trabajo, por malpagado y precario que se presente, exige el manejo de al menos un segundo idioma. Para atender en una cafetería, una tienda de ropa o conducir un taxi. Casi cualquier puesto, con la excepción de los políticos profesionales. Menos de una quinta parte de los diputados del Congreso habla con fluidez un segundo idioma, según los currículos públicos. Pero no pasa nada. Sus señorías tienen derecho a cursos gratuitos de inglés, alemán o francés que cuestan en torno a 120.000 euros anuales de dinero público. Está claro que tienen derecho y casi me atrevo a añadir que la obligación de mejorar su nivel. Pero como en todo hubo clases, al igual que a sus señorías les entregan un teléfono móvil último modelo o les pagan el internet en casa, no iban a ser menos a la hora de acudir a la academia de idiomas y también están exentos de pasar por caja. Y, mientras tanto, para muchos la única forma de practicar inglés es irse a la ventura a fregar platos a Irlanda. Desde luego, parafraseando al expresidente Rajoy, "it's very difficult todo esto".