La lectura de conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción sobre los ERE garantiza que la corrupción estará en la campaña electoral. Como en las anteriores, aunque nunca con suficiente entidad como para desalojar al PSOE de San Telmo. ¿Habilidad socialista? ¿Torpeza de la oposición? ¿Miopía de los andaluces? Puede que la explicación esté en el clientelismo. El despliegue de medios, como la radio televisión andaluza, financiados con dinero público para comprar voluntades y frenar iniciativas civiles críticas e independientes es, sin lugar a dudas, una práctica ilícita y deleznable, pero desde luego también eficaz en términos de desmovilización social y rédito electoral.

Lo singular de la corrupción en Andalucía es su carácter centrífugo. Va del centro político a la periferia social; es decir, nace en la propia Junta de Andalucía y se extiende por el tejido social a través de la red clientelar y el intercambio entre fidelidades políticas y la cobertura de necesidades económicas y sociales. Los casos de enriquecimiento personal no han sido tan llamativos como en el PP, aunque ello no la hace menos obscena, sobre todo porque aquí se ha nutrido de fondos destinados a facilitar el empleo de los parados.

El resultado de las elecciones de 1994 fue decisivo para la implantación de un régimen clientelar, el chavismo andaluz, condescendiente, cuando no promotor (habrá que esperar a que resuelvan los tribunales), de la corrupción en las instituciones. Un Gobierno en minoría que, ante la amenaza de "gobernar desde el Parlamento" por parte de la pinza entre PP e IU-CA, decidió buscar el apoyo de sindicatos y empresarios a cambio de las correspondientes dádivas y prerrogativas. La concertación social terminó convirtiéndose en el eje de la política económica en Andalucía, con evidente voluntad de perpetuarse, como recogen los artículos 10.3, 26.2 y 37.1 del Estatuto de Andalucía renovado en 2007.

Los acuerdos de concertación se sucedieron desde 1993 con fines tan nobles como impulsar la convergencia, la creación de empleo, la innovación, etcétera, aunque con poco éxito y siempre reticentes a cualquier pretensión de auditoría independiente de resultados. Su momento de mayor gloria llegó en 2003, cuando la interlocución se vio fortalecida con la participación directa de sindicatos y empresarios en la gestión de las políticas activas de empleo y de los fondos para cursos de formación. Luego vino la participación en los expedientes de regulación de empleo y la creación de organismos tan siniestros como la Fundación Andaluza Fondo para la Formación y Empleo (Faffe).

La grave crisis de los pilares tradicionales del clientelismo lleva a cuestionar su papel en las próximas elecciones. El último acuerdo de concertación se firmó en noviembre de 2009 y todo parece indicar que Susana Díaz no comparte el interés de sus antecesores por la cercanía a los agentes sociales. Tampoco cabe esperar una gran influencia del agónico Canal Sur, aunque siempre quedará el recurso a la demagogia en la identificación con Andalucía. La reacción indignada al comentario de Isabel García Tejerina sobre el fracaso de la política educativa es un buen ejemplo.

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