Análisis

carmen pérez

Bonos verdes soberanos

Los bonos verdes siguen floreciendo con fuerza. Se espera que estos bonos, que financian proyectos en energías renovables, transporte sostenible, eficiencia energética, adaptación al cambio climático o tratamiento de aguas, alcancen en 2019 un volumen de 174.000 millones de euros. Un crecimiento espectacular si tenemos en cuenta que en 2013 no suponían ni 3.000 millones. Cada vez hay más inversores -especialmente institucionales- comprometidos en estas causas. Buscan mantener toda o parte de sus carteras en verde, provocando que se amplíe el número y la diversidad de entidades que se deciden a emitirlos. Desde que hace doce años dieran el paso el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Mundial, organismos internacionales, ciudades y gobiernos regionales, entidades financieras y empresas de todo el mundo se han ido añadiendo. Y también los Estados, emitiendo bonos verdes soberanos.

Polonia fue el primer país en hacerlo en 2016. Poco después le siguió Francia, con el mayor volumen hasta esa fecha, 7.500 millones de euros. Bélgica, Lituania e Irlanda son los otros tres países europeos que posteriormente los emitieron. No es extraño que fueran Estados europeos los precursores porque Europa ha sido siempre la abanderada del desarrollo sostenible. Pero además cuentan ya con bonos verdes soberanos otros países, como Nigeria, Fiji, Indonesia, la República de Sheychelles o Chile.

Recientemente -en mayo- se subastaron en Holanda. Fue todo un éxito. Se adjudicaron los 6.000 millones de euros previstos, dando preferencia a inversores catalogados como verdes, frente a una enorme demanda de más de 21.200 millones de euros. Y esta misma semana, el Ministro de Finanzas de Alemania comunicó que se están explorando varias opciones para una emisión de un bono verde soberano el próximo año. También Egipto y Kenia lo están valorando.

Así, no dejan de brotar bonos verdes aquí y allá, y es de esperar que esto empuje a una progresiva transparencia, avanzando hacia la necesaria armonización internacional. Resulta completamente fundamental eliminar el riesgo de greenwashing, para que el inversor cuente con la total seguridad de que los proyectos que financian son verdes e incluso que conozca el grado de verdor que aportan. Por otra parte, el aumento del volumen y su estandarización contribuirán a incrementar la liquidez de estos activos, la otra debilidad de este mercado.

En España, las emisiones verdes alcanzan unos 5.000 millones. Más de la mitad fueron realizadas por empresas, como Iberdrola -la pionera-, Repsol -la primera empresa de hidrocarburos que lo hizo en el mundo- o Telefónica. El 17%, por compañías financieras, como BBVA y Santander; y el restante porcentaje por entidades públicas, como Adif, Comunidades Autónomas o el ICO. Falta el Estado, aunque este junio la ministra Teresa Ribera señaló que lo están contemplando. España debería implicarse y emitir bonos verdes soberanos. No sólo porque se beneficiaría de ampliar la base de inversores al captar recursos, que cada vez están más ávidos de bonos verdes, sino porque además tendría un efecto arrastre de inversores y emisores en todos los sectores de actividad y sobre la opinión pública.

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