Aznalcóllar: mina La Paciencia Aznalcóllar: mina La Paciencia

Aznalcóllar: mina La Paciencia

En el pasado algunas minas recibían nombres que hoy nos suenan pintorescos, como fueron las minas La Esperanza, Valor y Constancia, La Suerte, La Aprovechada, entre muchas otras. Tenían que ver con circunstancias del hallazgo o las expectativas de los socios. Sinceramente creo que a Los Frailes habría que cambiarle el nombre por mina La Paciencia y ponerla bajo la advocación del Santo Job, como patrono de las operaciones.

Todos los proyectos mineros tienen una gran latencia, debido los diversísimos estudios y proyectos necesarios, a la prolongada tramitación de permisos muy complejos, a la propia construcción de la mina, subterránea o a cielo abierto, y a la construcción de la planta de tratamiento e instalaciones auxiliares. Y ello en los casos en los que no sea necesario construir infraestructuras de transporte, suministro de energía y otras, porque ya existan en el entorno.

En algunas ocasiones, esa latencia se reduce porque ya exista información geológica suficiente, generada durante operaciones anteriores en el mismo yacimiento. Este es el caso del proyecto Los Frailes y en lo que se basó el concurso internacional promovido por la Junta de Andalucía, que fue resuelto en febrero de 2015, hace ya más de cinco años, y adjudicada la explotación del yacimiento a una sociedad de propósito específico, formada por una compañía minera de primera fila mundial, Grupo México, y un accionista local muy minoritario, Minorbis, filial de la cordobesa Magtel.

De Minorbis fue el mérito de conseguir atraer al proyecto a un partner minero, capaz de cumplir sobradamente con los muy exigentes requisitos de experiencia y de capacidad económica que se requerían el concurso, así como el de contratar y organizar a las ingenierías y consultoras que participaron en el proyecto que presentaron, contando con el consejo de la compañía mexicana. Baste un detalle para aseverar la firmeza del compromiso de Grupo México si el proyecto resultaba ser el adjudicatario: se hizo un depósito inmediato en una entidad bancaria en Sevilla de alrededor de 92 millones de euros, para dotar a la sociedad de los fondos propios que eran exigidos, un elevado porcentaje sobre la inversión prevista que es de 350 millones de euros. Esta alta exigencia no es habitual, pero la Junta quería asegurarse de que el adjudicatario tuviese capacidad económica bastante. Entre otras cosas, porque tenía que asumir de inmediato la gestión del pasivo ambiental y asumir la plantilla laboral que estaba a cargo de esa gestión, hasta entonces financiada por la Junta. Además, la administración era consciente de que habría que hacer un gasto importante en investigación geológica, para definir con precisión las reservas existentes ya que no habían sido objeto de explotación, porque la operación de Boliden fue a cielo abierto y la nueva será de interior, por lo que no existirá una balsa de residuos como la accidentada en 1998. Serían necesarios años hasta que la mina fuese operativa y la Junta no quería interrupciones ni sorpresas, de ahí que se buscase un adjudicatario de la máxima solvencia.

El lector ya conoce lo que ha venido sucediendo desde entonces. El perdedor en el concurso, Emerita Resources España, filial de una junior que cotiza en la bolsa de Toronto, que en ese momento disponía de unos modestos permisos de investigación en Extremadura y Asturias, y que no resultó adjudicataria en un concurso de otorgamiento de permisos en Paymogo (Huelva) denunció a los funcionarios que habían examinado los proyectos y a sus superiores por casi todo lo que el Código Penal señala como delictivo para un funcionario público. Ello amén de acudir a la vía natural, el Contencioso-administrativo, aunque éste no actúa hasta que decae la vía penal.

Ya me he expresado públicamente sobre el daño personal, profesional y reputacional que se ha causado a los funcionarios, y las consecuencias que ello tiene al causar desánimo e incluso temor en la toma de decisiones de la Administración. Por muy sujetas que estén a la ley y muy asentadas técnicamente, siempre existe la posibilidad de que una denuncia sea presentada y aceptada, incluso siendo inverosímil como lo fueron la originaria y las sucesivas de este caso.

Los medios ya han hecho pública la situación de insolvencia de Emerita –se encuentra en causa de liquidación según su balance–, su incapacidad para atender los compromisos financieros contraídos tras una adjudicación en Cantabria, y su incapacidad incluso para continuar con los permisos de investigación que titulaba. En algún caso el aval que parece que no pudo depositar era inferior a 15.000 euros.

Eso sí, hay que reconocerle una extraordinaria capacidad para que su matriz haya ido enviando a la bolsa de Toronto información que, sin ser absolutamente contraria a la verdad, sí estaba completamente sesgada. Nada extraño, habida cuenta de las fantasías que contenía el proyecto presentado a concurso. Fantasías económicas, por ejemplo, relacionadas con la inversión a realizar y el gasto social, ambos descomunales pero puntuaban. O la fantasía, para que los números mejorasen, de hacer crecer milagrosamente las reservas de cobre, cuando lo que se sabía de Los Frailes en el momento del concurso es que predominaban el zinc y el plomo, con baja presencia de cobre. Pero éste es el metal de mayor precio de los tres. El lector se preguntará por el soporte financiero de su proyecto. Pues bien, era una carta de una boutique de inversión de nombre pomposo, Forbes&Manhattan, accionista de la matriz de Emerita, que comprometía la aportación de hasta 100 millones de dólares. Esa compañía es especialista en tomar participaciones en proyectos incipientes y acompañarlas en su salida a bolsa y mantenerlas en ella. Esto es lo que hace, es su función, y en aquel momento sus ingresos anuales eran inferiores a los de la empresa cordobesa a la que me he referido.

En los próximos días la juez instructora tomará la decisión de archivar el caso, por tercera vez, o abrir juicio oral, ya que ha dado por finalizadas las investigaciones a las que por dos veces le ha obligado la Audiencia, a pesar de que la fiscalía hubiese pedido el archivo del caso. La investigación no ha podido ser más exhaustiva, pero la imaginación de los asesores legales de Emerita parece no tener límites a la hora de solicitar más investigaciones o de causar daño al proyecto de Los Frailes ante la opinión pública. Daño al que han contribuido los ecologistas organizados, representando el papel del tonto útil.

Cinco años después del concurso nos encontramos con que el adjudicatario ha gastado ya unos 40 millones de euros en el manejo del pasivo ambiental, en proyectos técnicos muy diversos y en un intenso programa de investigación geológica, que afortunadamente ha confirmado e incluso mejorado las reservas. Este proyecto supone, como he señalado, 350 millones de euros de inversión, necesitará unas 2.000 personas durante la construcción de la mina, planta e infraestructuras y ya en operación requerirá el trabajo de unas 500 personas, a los que se sumarán los indirectos e inducidos habituales en todo proyecto minero.

Esto es lo que estamos desaprovechando, en un momento en que el empleo es necesarísimo. Y sólo la paciencia de Grupo México permite mantener viva la esperanza de que en Aznalcóllar haya una nueva operación minera. Y esto interesa no sólo a la población local sino incluso a quienes preocupa el medioambiente, porque la gestión de los pasivos ambientales, incluyendo el vaciado de la corta de Los Frailes y, probablemente, sellado de la corta de Aznalcóllar, sólo podrá sufragarse si allí hay una operación minera en activo. Tanto por lo que es necesario hacer para operar, cuanto por las exigencias del propio concurso.

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