Análisis

fernando faces San Telmo Business School

Anomalías y vértigos

En el segundo trimestre de 2020 la tasa de ahorro de los hogares españoles alcanzó el nivel más alto de su serie histórica: el 31,1% de la renta disponible (22,5% desestacionalizado). El ahorro alcanzaba su máximo histórico, cuando la renta disponible descendía el 17,6% y los salarios el 14%. Los hogares ahorraban más a pesar de que ganaban menos. La causa es el largo periodo de confinamiento: ahorro forzoso. Pero también el "ahorro del miedo" y la incertidumbre: ahorro precaución. La consecuencia es que el principal motor de la economía, el consumo de los hogares, se ha hundido. En la primera fase de la pandemia las empresas se han visto más afectadas que los hogares. El excedente bruto de explotación se ha contraído el -30% en tasa interanual, por la brutal caída del consumo y la producción, no compensada por la reducción de salarios e impuestos. El ahorro bruto empresarial se ha reducido hasta los niveles mínimos de 2012 (37.627 millones de euros), a pesar de la reducción de los dividendos y del impuesto sobre beneficios.

El sector más impactado por la crisis es la Administración Pública. El gasto público al mes de junio crecía el 16,5% interanual y los ingresos públicos se reducían el 15,9% interanual, por la caída de la actividad y de las rentas. El déficit de las administraciones públicas alcanzaba el 6,5% (72.000 millones de euros), triplicando el del año anterior e igualando el importe de las transferencias que esperamos recibir del Fondo de Recuperación Europeo, en los próximos seis años. A final de año el déficit público se aproximará al 15% del PIB y la deuda pública al 120%.

Bruselas ha suspendido las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para hacer frente a la crisis pandémica. Durante 2021 los socios de la Unión Europea estarán exentos del cumplimiento de la senda de estabilidad presupuestaria exigida por Bruselas. Esta semana el Gobierno ha trasladado a las comunidades autónomas la suspensión de las reglas fiscales para 2020 y 2021: barra libre de gasto público mientras dure la pandemia. Eso sí, con la recomendación de que sean responsables y no sobrepasen el déficit del 2,2% del PIB, que servirá de referencia. De este déficit la mitad lo pagará la Administración Central, mediante una transferencia extraordinaria a las comunidades de 13.400 millones de euros. Las autonomías podrán salir a financiarse al mercado y acudir al Fondo de Liquidez Autonómico. A la vista del déficit estructural del que parten algunas comunidades autónomas da vértigo el futuro escenario de insostenibilidad de la deuda. Y es que el 2,2% de déficit es una recomendación, no una obligación. No podemos volver a caer en los errores de la anterior crisis, cuando el Gobierno dilapidó recursos públicos en proyectos improductivos (Planes E) aumentando la deuda pública hasta hacerla insostenible y situando a España al borde del colapso financiero. No se trata de gastar mucho, sino de gastar bien. Es necesario que el Gobierno elabore ya un plan de estabilidad y consolidación presupuestaria a 10 años para ejecutar a partir de 2022. De lo contrario alcanzaremos una deuda insostenible que hundirá a España en un prolongado estancamiento y que la acabarán pagando nuestros nietos.

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