Análisis

Dr. Gaspar Garrote Cuevas

Agresiones a sanitarios: un reto de toda la sociedad

Cuarenta Y CINCO médicos colegiados de la provincia de Cádiz denunciaron alguna agresión en el ejercicio de su profesión durante 2018. Siendo muchas -una sola agresión ya lo es-, las cifras reales de agresiones a médicos superan con creces ese dato. Con toda probabilidad, la Encuesta sobre la Situación de la Profesión Médica en España se aproxime con más fidelidad a la verdadera dimensión de este problema cuando concluye que el 65% de los profesionales médicos ha sido víctima de un acto violento por parte de algún paciente, familiar o acompañante de aquel. Desde finales de mayo hemos conocido y condenado del orden de una agresión a la semana a médicos de nuestros centros sanitarios provinciales.

Siendo necesario registrar esta casuística y conocer su progresión, preocupantemente creciente, más aún lo es trascenderla para dejar de ver solo las cifras como una curva fatídica. La realidad se impone: hay que proteger al médico para que no sea agredido y, en su defecto, facilitarle el curso legal para que denuncie la agresión para que al hacerlo su denuncia sea efectiva. Acabamos de afirmar: "Hay que proteger al médico para que no sea agredido". Lejos de pasar de largo por esta afirmación, debería sobrecogernos o, al menos, perturbar nuestro ánimo. ¿Va nuestra sociedad a asumir y a resignarse, a tolerar que quienes velan por su salud ejerzan en un entorno profesional de miedo y riesgo?, ¿lo hemos asimilado bajo una suerte de indiferencia social que hace cada vez más difícil identificar los intereses comunes? Dicho de otra manera: ¿estaría incorporándose la violencia contra los profesionales de la salud a otros impactos que tienen el efecto inmediato y pasajero de lo que empieza a ser rutinario?, ¿estarían las agresiones diluyéndose en esa capacidad ilimitada de sorpresa a la que nos tiene acostumbrados la realidad diaria?

A esta incertidumbre deberíamos responder desde la movilización colectiva siempre que la convivencia y los valores que la hacen posible y que son de todos resultan lesionados o señalados. El médico agredido es quien debe emprender esa movilización con todo nuestro apoyo cuando acude a la Asesoría Jurídica del Colegio, ha de ser él quien ponga en movimiento el mecanismo del reproche de la comunidad al agresor mediante la denuncia. A partir de esa señal, la comunidad está obligada legal y solidariamente a actuar. Cualquier interferencia en esta cadena de responsabilidad disuadirá al médico de denunciar. Los agentes implicados debemos asegurar al profesional que, interpuesta la denuncia, las consecuencias para el agresor serán ejemplarizantes y lanzarán un mensaje tanto para los futuros potenciales agresores como para los médicos que también en adelante pudieran verse ante una situación similar de violencia y que por las denuncias previas pudiera evitarse.

Tenemos abierto el reto de la tolerancia cero sobre las violencias, un desafío que es social. No es tolerable que se vulnere la relación médico-paciente ni el acto médico sin que todos nos sintamos comprometidos. No es tolerable que quienes cuidan de la salud y desempeñan un papel benefactor hacia la sociedad reciban un trato violento por parte de quienes dicen formar parte de ese espacio común.

La repulsa, la condena y la concentración son tan necesarias como limitadas en su gesto urgente. ¿Vamos a tener que repudiar semanalmente una agresión, como así ha ocurrido en nuestra provincia en los últimos tiempos? Lo haremos sin duda pero resulta esencial una ley que no deje literalmente indefensos a algunos colectivos sanitarios -aquellos que ejercen privadamente- y prácticamente indemnes la amenaza, la intimidación y toda forma de violencia psicológica. Contra las agresiones se requiere además una sociedad más combativa por la armonía social, de mentalidad más colectiva y menos individualista. No podemos permitirnos la indiferencia. A todos nos compete construir una sociedad más justa y equilibrada en la que se respeten las relaciones interpersonales. Se echa en falta esa actitud y esa convicción, también cuando la violencia es ejercida contra los profesionales de la salud.

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