Un respetado crítico de arte lo decía ayer con claridad: "Cuando se entra a un museo, por lo general se tiene la sensación de ingresar en un espacio sagrado, donde no se puede tocar nada y donde hay que ir con mucho cuidado, como en un templo; pero quienes trabajan en un museo todos los días, cuando miran los cuadros terminan viendo nada más que telas". La polémica suscitada en todo el país a costa de la supuesta irregularidad cometida desde el Museo Carmen Thyssen en el traslado desde Madrid de las obras de la muestra temporal Paraísos y paisajes, con cuadros de Bruegel y Renoir entre otros cotizadísimos maestros, sirve en bandeja un debate sobre la legislación al respecto, ambigua, laxa, abierta a interpretaciones y no demasiado precisa en su definición estatal y en su transferencia (como compete a los asuntos culturales) a las comunidades autónomas. Puede parecer sorprendente que un material tan sensible y valioso no cuente con unas medidas de protección más definidas, pero lo cierto es que la opinión personal es aquí determinante.

Todo comenzó cuando, a la llegada de las obras de la muestra a Málaga, el pasado mes de marzo, el entonces responsable de seguridad del Museo Carmen Thyssen, José Luis Zambrano (posteriormente despedido por esta decisión, no consensuada según la gerencia de la pinacoteca), convocó a la Policía Nacional para que quedara demostrado que aquel traslado se había producido sin seguridad, privada o de cualquier otra índole. El gerente, Javier Ferrer, confirmó ayer que, efectivamente, el traslado se llevó a cabo desde Madrid sin vigilancia privada ni escolta, "pero es que no hay legislación, normativa ni orden ministerial alguna que lo exija". Ferrer insistió en que la propia baronesa Carmen Thyssen, propietaria de las obras, no reclamó esta vigilancia. A pesar de ello, él mismo consultó con otros museos como el Guggenheim de Bilbao y el Reina Sofía y el Thyssen-Bornemisza de Madrid "y en todos me dijeron que no era necesario ni obligatorio". El gerente explicó además que ni el informe jurídico ni el dictamen de la aseguradora de riesgo contemplan infracción alguna, y señaló que la actuación previa abierta por la Subdelegación del Gobierno "puede ir dirigida al Museo Carmen Thyssen, al Thyssen de Madrid o a la empresa de transportes, pero en cualquier caso ni es una investigación ni un expediente". Fuentes de la aseguradora, AON, confirmaron ayer que la mayor parte de los transportes de este tipo entre los grandes museos de España se realizan sin seguridad privada. E incluso otras fuentes de MARSH, empresa asesora en gestión de riesgos del Museo Carmen Thyssen, pusieron a éste como modelo en la implantación de sistemas pioneros en la gestión de riesgos. No obstante, ¿con qué respaldo legal cuenta el museo para justificar su actuación?

Fuentes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) consultadas por este periódico insisten en que la legislación en este sentido es confusa además de antigua, pero coinciden, en gran medida, con la tesis de Javier Ferrer. El Estado, a través del Ministerio correspondiente, es la única entidad competente para exigir la contratación de una vigilancia privada o de una escolta en un traslado de obras de arte, pero únicamente en el caso de que las piezas estén inscritas en el registro del Patrimonio Histórico Español. Así reza en la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español y en el Reglamento de Museos de Titularidad Estatal. En cuanto a las obras de titularidad privada, como es el caso (ninguna de las obras de Paraísos y paisajes forma parte del Patrimonio Histórico Español, tal y como confirmó ayer la directora del Museo Carmen Thyssen, Lourdes Moreno), las instituciones "deberán actuar de acuerdo a su propia regulación interna". El mismo Reglamento indica que, de nuevo en el ámbito privado, la vigilancia privada deberá ser efectiva siempre que el coleccionista la reclame (en el Museo Picasso Málaga es una práctica común por exigencia de la familia del artista), lo que, según Ferrer, no ha ocurrido en este episodio. Se dan además en el mismo unas claves singulares, ya que la propietaria de las obras, Carmen Thyssen, es titular tanto del museo del que salieron los cuadros, el Thyssen-Bornemisza, como del que los recibió en préstamo, el Carmen Thyssen, lo que deja escaso margen a una intervención ministerial. Otra cosa es que el seguro del traslado se contratara clavo a clavo, como compete, estando así en vigor desde diez antes del descuelgue de cada pieza hasta diez después del regreso de las mismas al punto anterior; en el caso del Museo Thyssen-Bornemisza, resultaría difícil que se hubiese producido de otro modo. Tal y como apuntaron las mismas fuentes, es posible que se produjeran negligencias en el traslado de las obras, pero éstas no incurrieron necesariamente en una ilegalidad ni en una infracción.

Lourdes Moreno confirmó que los cuadros estuvieron acompañados durante todo el traslado por correos de arte, responsables delegados de los museos implicados que no figuran como personal de seguridad y que siguen muy de cerca los pasos de cada pieza desde su embalaje para la salida del museo madre hasta el regreso al mismo. De hecho, las obras de Fortuny y Sorolla pertenecientes al Museo Carmen Thyssen de Málaga y enviadas hace unos días al nuevo espacio expositivo dedicado a la colección de la baronesa en Sant Feliu de Guíxols salieron del Palacio de Villalón con uno de estos correos que actualmente sigue en Gerona. Lo cierto es que, según otras fuentes consultadas, éste es el medio fundamental por el que los grandes museos establecen sus seguimientos de los traslados de sus obras cuando se producen préstamos. Las mismas fuentes aseguraron que la polémica suscitada en torno al Museo Thyssen de Málaga ha generado cierta inquietud en algunos de estos grandes museos, ya que si se vieran obligados por ley a contratar vigilancia privada para los traslados el coste de éstos podría elevarse hasta en 4.000 euros, lo que encarecería los seguros y dificultaría la organización de exposiciones. Todo es cuestión de economía y de suerte. Y las dos andan de capa caída.