Cultura

La Junta aprueba por vía de urgencia autorizar las obras en el castillo Santa Catalina

  • El proyecto pasa por la comisión provincial de Patrimonio, que da luz verde finalmente

Las obras de reforma y rehabilitación integral del castillo de Santa Catalina de Tarifa ya cuentan con la autorización de la Junta de Andalucía, tal y como estaba previsto y reconoció el alcalde, Juan Andrés Gil, el pasado lunes ante la polémica suscitada en cuanto a este permiso. La delegación territorial de Cultura ratificó ayer a este diario que los trabajos han sido autorizados.

En concreto pasó por vía de urgencia por la comisión provincial de Patrimonio aprobándose así la obras de reforma, que no la reanudación ya que aunque se anunció el inicio por parte del Ayuntamiento hace dos semanas, éstas no tenían permiso para ello. De modo que ya se puso en conocimiento de la administración local de Tarifa para que desarrollen el proyecto elaborado.

Gil explicó el lunes que entendían que no habían incumplido nada porque solamente se iniciaron obras de limpieza, adecentamiento y análisis de estructuras. "No ha habido ninguna actuación sobre el inmueble, con lo cual no necesitábamos ninguna autorización", defendió el alcalde. La delegada territorial de Cultura, Cristina Saucedo, defendió por su parte días antes que la propia Ley de Patrimonio de 2007 dice que todas las obras que se acometan en un BIC o en su entorno deben contar con la autorización prescriptiva de la delegación territorial de Cultura.

Recordar que el proyecto es ambicioso porque a la recuperación integral del castillo de Santa Catalina se une también el cerramiento perimetral del cerro. Son dos actuaciones las contempladas por el Ayuntamiento y por el equipo de técnicos que ahora centran sus esfuerzos en conseguir la financiación oportuna. Se ha comenzado con la ayuda del plan Profea, gracias al cual se destinarán unos 200.000 euros, una partida que tiene una finalidad social clara. Por un lugar la de dar empleo entre el sector poblacional más desfavorecido.

La polémica en torno a la autorización saltó a la luz por una denuncia pública de Mellaria.

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