El Defensor del Pueblo Andaluz redactó recientemente un informe en el que advertía que las listas de espera para el reconocimiento de una discapacidad en Cádiz habían llegado a acumular retrasos de hasta 17 meses. La Junta de Andalucía respondió a ese informe y aseguró que los plazos se habían reducido ya a 13 meses. Más a allá de ese baile de cifras, este medio ha querido conocer cómo afecta en la práctica esa demora a una persona con discapacidad. Lo cuenta en esta entrevista Francisco Márquez, presidente de Fegadi, Federación Gaditana de Personas con Discapacidad, que además es vicepresidente de la confederación autonómica Andalucía Inclusiva Cocemfe y de Aceca, la Asociación de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Andaluza. 

-¿Qué valoración hace de esos 17 meses de retraso que ha llegado a acumular la provincia de Cádiz en el reconocimiento de una discapacidad?

-Evidentemente, valoramos esos retrasos de forma muy negativa. Cuando hablamos de estos temas, tendemos a normalizar situaciones que no deberíamos permitir porque atañen a los derechos de los ciudadanos. Tendríamos que echarnos las manos a la cabeza al mismo tiempo que exigir que no se produzcan. 

La demora en el reconocimiento de grado provoca serios perjuicios en las personas con discapacidad, que necesitan esa contestación administrativa para poder acogerse a los beneficios y a la red social de garantías existentes que los ampara. 

Es verdad que estos atrasos han aumentado en un momento en el que el Covid lo ha secuestrado todo. Parece que ya no existiera otra urgencia que solucionar la pandemia. Lógicamente, nosotros entendemos la prioridad de hacer frente al coronavirus, no obstante, no hay que olvidar que esas listas de espera se arrastraban desde antes de que estallase la crisis sanitaria.

-Y la pandemia las ha empeorado.

-Sin duda. Las personas con discapacidad, aún más en pandemia, necesitan de ese reconocimiento de su discapacidad para poder estar protegidas. Pongamos como ejemplo el caso de una persona que sufre un accidente de tráfico que le ocasiona una secuelas invalidantes, una discapacidad y una dependencia. Esa persona puede necesitar atención en una residencia por no tener familia o por que su familia no tenga capacidad o recursos económicos para poder asistirla. Por tanto, requiere de forma urgente ese reconocimiento de grado para que después se inicie el camino de cara a la dependencia, cuya tramitación también acumula importantes retrasos. 

Todas esas listas de espera, al fin y al cabo, ponen en riego hasta la vida de las personas que, al no poder acceder a esa protección pública, quedan desamparadas y sin recibir la atención adecuada, lo que empeora su calidad de vida. Así, puede ocurrir que sus lesiones retornen irreversibles o que determinados problemas de movilidad se cronifiquen. También puede suceder que, sin reconocimiento de grado, una persona no pueda acceder a una subvención o a un puesto de trabajo protegido. 

Intento no ser alarmista ni catastrofista, pero es verdad que a veces se ha llamado a una persona para reconocerle una discapacidad y ya no estaba viva. Pasar esos 17 meses de retraso que menciona el Defensor del Pueblo sin recibir un tratamiento rehabilitador o sin una asistencia correcta, ha provocado un retroceso, en ocasiones, irreversible e irrecuperable. Son situaciones muy fuertes. E, insisto, las estamos normalizando.

-Bajo su punto de vista, ¿cuál sería la solución?

-La solución pasa por una respuesta adecuada y ágil de la Administración ante las necesidades que surgen.

"El mismo celo que tiene la Administración para recaudar tendría que aplicarlo para garantizar derechos”

-La Junta, según recoge la resolución del Defensor del Pueblo, dice que no hay personal suficiente para ello y asegura que ha activado un plan de choque.

-Cuando escucho esto, yo me planteo no sólo la cantidad o el número de recursos humanos con los que cuenta la Administración, si no también la eficiencia de esos recursos. Y subrayo eficiencia, que no eficacia. Eficacia puede ser reconocer el grado de discapacidad de una persona al día, pero la eficiencia supone reconocer a diez personas por día, eso sí, con los medios tecnológicos adecuados, y con eso avanzaríamos en esa lista de espera. Por eso resalto la importancia de la eficiencia, de tener implementados los medios tecnológicos apropiados. La modernización de la Administración facilita la tramitación de los grados a los ciudadanos.

-Ahora que hablamos de modernización... La Junta de Andalucía explicó a este medio que tras la declaración del estado de alarma el 13 de marzo de 2020, el Centro de Valoración y Orientación -donde se reconoce la discapacidad- cerró al público y hasta mediados de julio de ese año no se le habilitó al personal técnico la posibilidad de realizar su trabajo de forma telemática.

-Hablamos de muchos meses y, sobre todo, de muchas personas y de muchos dramas humanos. Lo que subyace detrás de una situación como ésta son personas, vidas de personas muy necesitadas. Por eso decía antes que el debate no se limita a si hay personal suficiente o no, sino que versa también sobre la eficiencia en la Administración. 

La consejera de Políticas Sociales, Rocío Ruiz, nos trasladó recientemente el plan de choque para reducir las listas de espera, un plan vinculado a los fondos europeos Next Generation, de los que todo el mundo habla pero nadie sabe dónde están. Si el recurso económico tiene que ser ese, nos parece genial, aunque lamentamos un poco que haya tenido que ser la pandemia la que haya traído dinero para reducir las listas de espera. Pero bueno, si los fondos europeos están aquí, vamos a utilizarlos, no vamos a mirar para otro lado. Por supuesto que hacen faltan recursos de la Administración. Son muy muy necesarios si de derechos de personas hablamos. 

Permítame que haga una comparativa. Hacienda, por ejemplo, tiene unos plazos muy claros y rígidos, y ojo como el ciudadano no cumpla con ellos, porque aparecen los recargos. Hay un celo muy grande por parte de la Administración al respecto y me parece muy bien. Ahora bien, desde Fegadi veríamos con buenos ojos que ese celo de la Administración para el cumplimiento de los tiempos fuese recíproco, de manera que la norma que regula el reconocimiento de una discapacidad estableciese plazos ciertos y lógicos para su resolución. Y en caso de que la Administración no cumpliese con los tiempos de respuesta, asumiese algún tipo de consecuencia negativa. De ser así, seguramente todos seríamos mucho más diligentes.

-La normativa establece que el plazo máximo de resolución de una discapacidad es de seis meses.

-Claro, pero ¿hay alguna consecuencia si llegamos a los 17 meses?

-Ninguna.

-¿Y si no pagamos a Hacienda a tiempo? ¿Qué pasaría? Lo vuelvo a repetir. Estamos normalizando situaciones que no deberíamos. Igual que se muestra tajante en su vertiente recaudatoria, la Administración tendría que mostrar esa misma firmeza para servir al ciudadano y garantizar sus derechos, pues es el ciudadano el que mantiene con sus impuestos los servicios públicos. 

-¿Le consta que las listas de espera en el reconocimiento de la discapacidad se han reducido a 13 meses, tal y como afirma la Junta?

-A ver... yo aquí tengo que ser sincero. Si me tengo que creer lo que dicen, lo haré, pero de momento a mí no me consta que se hayan reducido las listas. Eso no quiere decir que no se haya producido esa reducción, si bien conozco a personas que siguen a la espera después de muchísimos meses. En cualquier caso, a nadie se le escapa que 13 meses siguen siendo inasumibles.

-¿Los fondos europeos suponen una inyección de esperanza?

-Si algo no debe perder el movimiento asociativo es la esperanza, la esperanza de que cambien las cosas, por eso precisamente nos organizamos, nos presentamos a convocatorias públicas, nos entrevistamos con representantes institucionales para que se resuelvan las necesidades que tenemos... La esperanza la tenemos, y también la firmeza de exigir que se cumplan los derechos objetivos de las personas con discapacidad, anteponiéndolos a otras cuestiones que, bien por modas bien por vientos ideológicos, pueden llegar a anticiparse.