El Tribunal Supremo ha confirmado la condena que la Audiencia de Cádiz impuso en 2019 a dos concejales de Arcos de la Frontera, uno de ellos el ex senador del PP Sebastián Ruiz Reyes, por cohecho y prevaricación al contratar en 2014 a la hija del interventor municipal para conseguir que éste cambiase unos informes negativos.

El Alto Tribunal ha ratificado la condena al ex senador Sebastián Ruiz, a la fecha de los hechos responsable de Infraestructuras en Arcos, y al concejal de Arcos por AI-Pro Manuel Erdozain, entonces delegado de Urbanismo y actualmente concejal en la oposición en el Consistorio arcense. El TS también ha ratificado la pena al antiguo interventor Antonio Muñoz por participar en un plan para enchufar precisamente a su hija a cambio de modificar unos informes de reparo y dar así luz verde a la ejecución de distintas obras en el municipio serrano pese a la “grave” situación económica de las arcas municipales. Todos han visto ratificada su condena a dos años de prisión y ocho años y medio de inhabilitación por cohecho y prevaricación

El Supremo, eso sí, ha estimado parcialmente el recurso presentado por un cuarto procesado en este asunto, el ex delegado de Personal y Hacienda del Ayuntamiento arcense Carlos de la Barrera (PP), que ha quedado absuelto del delito de cohecho pero no del de prevaricación.

Según fuentes consultadas por este medio, Manuel Erdozain ya ha presentado su renuncia como concejal del Ayuntamiento de Arcos, lo que se hará efectivo en el próximo Pleno del Consistorio. 

Tanto Sebastián Ruiz como Manuel Erdozain tienen otra causa pendiente en los tribunales por supuestos casos de enchufismo en la administración local.

El asunto ratificado ahora por el TS surgió a partir de una denuncia de un trabajador municipal del Ayuntamiento de Arcos ante la Fiscalía Anticorrupción. Además de este caso de enchufismo, dicho empleado denunció irregularidades en vales para el gasoil y el destino de la leña municipal.

La sentencia de primera instancia confirmada por el Supremo dio por probado que Antonio Muñoz, interventor accidental del Ayuntamiento arcense, emitió en 2014 un informe referente a la liquidación del presupuesto en el que señalaba la situación de la tesorería para informar negativamente de todas las nuevas adjudicaciones de obras e inversiones “por la grave situación económica del ayuntamiento debido a los graves problemas de liquidez".

Los procesados decidieron entonces ofrecer al interventor la contratación de su hija para cambiar el sentido del informe sobre ejecución de obras. Erdozain y Ruiz “diseñaron un plan” para que dicha joven fuera contratada como monitora en el centro ocupacional Juan Candil.

La joven tenía formación como peluquera pero fue contratada como auxiliar administrativo, titulación que no poseía, y destinada a un puesto de monitora de disminuidos físicos y psíquicos, por lo que la directora no tuvo más remedio que asignarle otras funciones, según la resolución judicial.

Esta contratación tuvo como canje la emisión de un informe del interventor favorable a la ejecución de distintas obras en Arcos. Para lograrlo, los implicados realizaron “una depuración de ingresos y gastos por la que se cancelaban por prescripción los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago desde 1991 hasta 2001”.