La eliminación de la controvertida tasa consorcial de 38 euros al año cuyo pago se reclama a los isleños desde 2016, tal y como se ha comprometido el gobierno municipal, choca con importantes dificultades.

Un informe de control elaborado por Intervención con vistas a la inminente aprobación de esta medida en un pleno extraordinario -que se pretende convocar para la próxima semana- alerta no solo de las consecuencias que esta medida podría acarrear para el Ayuntamiento, sino que incluso advierte de la posibilidad de incurrir en responsabilidades administrativas y penales ante lo que considera una "condonación encubierta". Esto es, la utilización de fondos públicos para el pago de tributos correspondientes a sujetos pasivos -los ciudadanos- con el objeto de ahorrarles así que tengan que hacer frente al pago de una tasa aprobada y en vigor. 

La complicada situación a la que se enfrentaría el Ayuntamiento ante la pretendida retirada de la tasa consorcial, y que este informe del interventor detalla, se ha hecho patente esta mañana en la reunión de la comisión informativa previa al pleno extraordinario que, supuestamente, está a punto de convocarse. 

De hecho, la contundencia de los argumentos de este informe de control y, especialmente, el hecho de que se advierta de que el Ayuntamiento puede incurrir en responsabilidades penales, ha alertado a los grupos de la oposición (a excepción de Podemos, que no estaba presente), que ante las numerosas dudas que les ocasiona la propuesta del equipo de gobierno han pedido que se amplíe y concrete dicho informe dada la gravedad de las consecuencias en la que podría incurrir el Consistorio si retira la tasa, como ha prometido.

El informe de Intervención, que es desfavorable a la propuesta del gobierno municipal, analiza las cinco medidas que pretende llevar a cabo: eliminar la tasa consorcial, sustituirla por una cuota integral que afrontaría el Ayuntamiento con cargo a los presupuestos municipales, modificar la ordenanza fiscal -el recibo de la basura- para compensar las cuotas de la tasa relativas a 2016 y 2017, separarse del Consorcio Bahía de Cádiz y negociar con dicha entidad una alternativa para hacer frente a las cantidades que se adeudan desde 2016. 

El tratamiento de los residuos que genera el municipio -34.175 toneladas anuales- supera con creces los dos millones de euros anuales, que el Ayuntamiento tendría que asumir a través de una partida presupuestaria. Sin embargo, todavía no hay proyecto de presupuestos para 2020 y la existencia de dicho crédito tendría que asegurarse antes de que cambiar el sistema de financiación de este servicio. 

Pero el informe de control advierte además de que es la junta general del Consorcio el órgano competente para eliminar la tasa consorcial y no el Ayuntamiento. Del mismo modo, señala la obligación legal de prestar el servicio de tratamiento de residuos, que se quedaría en el aire con la salida del Ayuntamiento de San Fernando del citado consorcio ya que, hasta el momento, no se ha puesto sobre la mesa ninguna alternativa. Dicha situación -alerta- puede derivar en responsabilidades administrativas e incluso penales. 

La pretensión del Ayuntamiento de hacerse cargo del coste de la tasa cuyos recibos se reclaman despierta también las dudas del interventor, al considerar que podría darse la utilización de fondos públicos para sustituir las obligaciones tributarias de los ciudadanos, lo que también puede derivar en responsabilidades penales. De ahí las dudas de la oposición.