Una reserva marina de interés pesquero es una zona específica que contribuye a lograr una explotación sostenida de los recursos marítimos. Para lograrlo, establece medidas de protección específicas en áreas delimitadas de los caladeros tradicionales. Estas áreas deberán reunir determinadas características que permitan mejorar las condiciones de reproducción de las especies de interés pesquero y la supervivencia de sus formas juveniles. El efecto de una reserva marina se manifiesta por una recuperación significativa de los caladeros.

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Quienes solicitan la declaración de reserva marina de interés pesquero son las cofradías de pescadores. Al tratarse de aguas exteriores, en el caso de la de Trafalgar-Sancti Petri llegaría hasta las 12 millas, es el propio Ministerio de Pesca, Agricultura y Alimentación quien deberá encargar un informe propio para cerciorarse que los datos ofrecidos por la Cofradía de Pescadores de Conil son reales.

Actualmente en España hay 11 reservas de este tipo, aunque todas (salvo la de Lanzarote y la Isla de la Graciosa) sensiblemente más pequeñas de esas 65.000 hectáreas que tendría la gaditana.

Son las siguientes. Cabo de Gata-Níjar: en la provincia de Almería, con 4.653 hectáreas; Cabo de Palos-Islas Hormigas, en Murcia, con 1.931 hectáreas; Levante de Mallorca-Cala Rajada, en Baleares, con una extensión de 11.000 hectáreas; Isla de Alborán, en Almería, que ocupa 1.650 hectáreas; Islas Columbretes, entre Castellón y Valencia, con una extensión de 5.543 hectáreas; Isla Graciosa e islotes del Norte de Lanzarote, con 70.700 hectáreas; Isla de Tabarca, en Alicante, frente al Puerto de Santa Pola, con 1.754 hectáreas; Isla de Palma, con una extensión de 3.455 hectáreas; Punta de la Restinga-Mar de las Calmas, en la isla del Hierro, en Canarias, con una superficie de 750 hectáreas; Masia Blanca, al norte de Tarragona, con 457 hectáreas; y Cabo Tiñoso, en Murcia, que ocupa 1.170 hectáreas.

En estas reservas, salvo muy contadas excepciones y siempre dentro de unos requisitos muy estrictos, está prohibida la pesca submarina, así como fondear, la pesca de recreo desde embarcación o cualquier extracción de flora y fauna marinas sin la pertinente autorización. Las multas por saltarse estas restricciones no sólo son cuantiosas sino que están tipicadas como un delito contra el medio ambiente que incluso acarrea antecedentes penales.