Las contrataciones exprés que llevó a cabo la Junta de Andalucía durante el pasado año con motivo de la crisis sanitaria y el confinamiento que provocaron una acumulación de tareas y retrasos en distintos departamentos de la Administración autonómica, y que han traído consigo numerosas críticas por parte de sindicatos y partidos políticos y han recibido diferentes resoluciones judiciales en contra, siguen trayendo consecuencias, en este caso en forma de quejas por parte de trabajadores que fueron contratados a través de dicho sistema y que ahora, meses después, denuncian una vulneración de sus derechos como empleados que han sido de la función pública.

Así lo ha trasladado a este medio una de las empleadas que accedió a un puesto de trabajo a través de estas contrataciones exprés como administrativa en la Delegación del Gobierno Andaluz en Cádiz, una joven chiclanera que comenzó a trabajar el 1 de octubre y finalizó su contrato tres meses después. "La Junta nos contrató para hacer frente a una situación excepcional debido a la crisis sanitaria, que provocó importantes retrasos y acumulación de tareas debido al confinamiento, al teletrabajo y demás circunstancias vinculadas a la pandemia, unos contratos que en su momento contaban con todas las premisas legales y a los que accedimos muchos trabajadores que estábamos preparando oposiciones y con la cualificación necesaria para ello", explica esta empleada que desarrolló sus funciones en Cádiz junto a otros trabajadores de ciudades como San Fernando, El Puerto, Jerez, etc., y que prefiere no hacer pública su identidad. 

Sin embargo, ahora, tanto ella como otros muchos trabajadores en sus mismas circunstancias ven cómo el tiempo que desempeñaron funciones para la Administración regional parece desaparecer de un plumazo, sin que se tengan en cuenta dichos contratos para la inclusión en la bolsa de interinos correspondiente con futuras plazas, para oposiciones, etc. "Fuimos contratados a través de una fórmula creada por la Junta y que en su momento contó con todas las garantías, así como las labores que hemos desempeñado y las gestiones que hemos llevado a cabo, pero ahora nos quieren quitar el tiempo trabajado para la bolsa y la puntuación de la Junta o para futuras oposiciones, algo que vemos totalmente injusto", explica esta trabajadora.

"Tras las quejas de los sindicatos y las medidas cautelares dictadas por algunos juzgados, la Junta pretende hacer ahora como si no hubiéramos trabajado, después de utilizarnos en los peores momentos de la pandemia para resolver un problema de acumulación de tareas y retrasos, ahora nos da la espalda totalmente", continúa denunciando, al tiempo que se hace eco de la situación que, como ella, viven muchos de los compañeros que tuvo.

Asimismo, asegura que "nos sentimos señalados, ya que incluso se nos ha acusado de enchufismo, cuando muchos de los que hemos accedido a esos contratos éramos y somos opositores, que simplemente nos hemos presentado a una convocatoria de empleo público del todo legal cuando se ofertó", incide esta ex trabajadora de la Junta, recordando además que en sus casos no tenían opción al teletrabajo y tuvieron que vivir situaciones muy complicadas, como el contagio por coronavirus de algunos compañeros o la desinfección de la misma planta del centro de trabajo mientras ellos desempeñaban sus funciones.

Sin duda, una situación que se antoja compleja en cuanto a las posibles soluciones, aunque tanto ella como otros muchos trabajadores en parecidas circunstancia ya están preparando los correspondientes recursos y se están planteando incluso acudir a la vía judicial si tanto la Junta como los tribunales insisten en "borrar de un plumazo todo el tiempo trabajado y las funciones que hemos desempeñado, cuando nosotros no somos los responsables del tipo de contratación elegida o de las condiciones en las que se llevó a cabo", concluye, al tiempo que se pregunta, "si las sentencias anulan los contratos y todos los actos que se derivan de ellos, son muchos los tramites que se han llevado a cabo por estos trabajadores, resolviendo subvenciones, autorizaciones, etc., trámites que también tendrían que ser anulados y que conllevarían numerosas reclamaciones por parte de los ciudadanos".