El próximo lunes 19 de abril tendrá lugar en el Juzgado de lo Penal número 2 de Cádiz el juicio al que fue alcalde de El Puerto por Independientes Portuenses (IP) desde 1990 hasta 2006, Hernán Díaz, el ex concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, y el ex jefe de Servicio de Urbanismo, Fernando Jiménez. Todos ellos están acusados tanto por la Fiscalía como por la acusación particular, que ejerce Ecologistas en Acción, de un delito contra la ordenación del territorio por la concesión de una licencia de ampliación para el prostíbulo New Palace, en la localidad portuense. Se enfrentan así a ocho años de inhabilitación.

Lo cierto es que Hernán Díaz, el alcalde que más tiempo ha estado al frente del Ayuntamiento de El Puerto, acumula varias condenas por delitos urbanísticos y una por blanqueo de capitales por la que le fue impuesta la pena de un año de prisión, si bien no llegó a entrar en la cárcel.

Este caso es una pieza separada de la Operación Tequila, que tuvo su momento álgido con la detención en marzo de 2011 de varios técnicos y responsables políticos del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de El Puerto por su implicación en una trama que favorecía el urbanismo ilegal. "Esta trama de corrupción del gobierno de Independientes Portuense –que cogobernaba con el PSOE- fue denunciada ante la Fiscalía por Ecologistas en Acción en octubre de 2006. La macrodenuncia dio lugar a varias causas judiciales, una de ellas, la que se juzga el lunes, relacionada con obras ilegales de ampliación del prostíbulo New Palace", explican los ecologistas en un comunicado

Así, según sostiene la acusación particular, Hernán Díaz concedió la licencia de obras, a sabiendas de que no respondía a la legalidad urbanística vigente, para ampliar y adecuar la anterior discoteca Oh Palace como sala de fiestas -en realidad un prostíbulo-; el que fue concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, firmó un decreto que autorizaba la apertura y puesta en marcha de la supuesta discoteca; y el entonces Jefe de Servicio de Urbanismo, el arquitecto Fernando Jiménez Fornell, informó favorablemente de las licencias pese a su falta de legalidad.

"Es lamentable que la exasperante lentitud de la Justicia lleve a que se juzguen a responsables públicos que han podido cometer delitos en el ejercicio de sus funciones cuando ya han dejado dichas responsabilidades, por lo que las penas de inhabilitación que se les suelen imponer pierden su sentido", lamentan desde Ecologistas en Acción, conscientes de las dilaciones indebidas que arrastra el procedimiento.

"También es muy lamentable la amnesia de los ahora procesados. Hernán Díaz declaró en instrucción que no revisaba nada, que no conocía el informe jurídico desfavorable o que él no redactaba los decretos, pero los firmaba. Y Juan Carlos Rodríguez afirmó que no recordaba cómo concedió la licencia de apertura, que no comprobaba los decretos que firmaba porque le pasaban unos 100 o que desconocía que en esos terrenos no se podían otorgar licencias de obra ni de apertura de actividad", apuntan los ecologistas.

“Para que nunca más se repita ese periodo negro de nuestro municipio”, el colectivo recuerda que, a la fecha de los hechos, “muchas personas callaban y pocas denunciábamos; y los pocos que plantamos cara a la corrupción recibimos todo tipo de descalificaciones, amenazas y agresiones”.