Las dudas ante la vuelta a las clases no se disipan. Desde Ustea Cádiz han denunciado este domingo  la "absoluta incertidumbre" sobre el regreso a las clases, "a la que nos tienen sometidos el Gobierno central y andaluz cuando estamos ya al final de este curso". Asegura el sindicatos que en estos últimos días del curso están recibiendo numerosas consultas "no solo de docentes, sino de madres y padres preocupados por cómo será el inicio del próximo curso 2020/2021" tras la pandemia del coronavirus

"No están a la altura de las circunstancias y parecen no ser conscientes del riesgo para la salud al que se enfrenta a alumnado, docentes y trabajadores en general de los centros educativos", apuntan. Por ello, exigen "medidas claras; entre otras, una bajada de la ratio, por motivo no solo pedagógico sino de salud, un incremento en la inversión y en las plantillas docentes, y que esos medios se destinen a la educación pública."

Para Ustea "el principal responsable de la situación es el Gobierno central". "El pasado 11 de junio tuvo lugar una Conferencia Sectorial de Educación centrada en este tema, la cual no solo no nos ha proporcionado ninguna certeza, sino que además nos ha generado más interrogantes".

"En ese encuentro entre el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas -explica el sindicato- se abordó un documento con medidas de prevención planteadas en realidad por el Ministerio de Sanidad, y publicado en su versión definitiva hace pocos días, tras un periodo abierto a las aportaciones. En dicho documento se recogen tan solo recomendaciones y se hace recaer todo el peso en las comunidades.

Y en algún punto incurre incluso "en lo risible": "el Ministerio de Educación ha cedido a la presión de algunos gobiernos autonómicos, y ha pasado de hablar de grupos de convivencia estables hasta terminar Primaria con un número recomendado de 15 alumnos ampliable a 20, a situar el máximo en los 25, cuando la ratio máxima que permite la legalidad educativa vigente para dicho nivel es precisamente de 25 alumnos". "A partir de ahí, en pocas palabras, el alumnado deberá mantener la distancia interpersonal exigida, o bien llevar mascarilla. Se hace difícil imaginar otra opción que las mascarillas en nuestras aulas masificadas, en las que además la Consejería de Educación ha aplicado de forma automática ese 10% de incremento de la ratio reservado a casos de escolarización sobrevenida, situación que nos llevó a denunciar al delegado de Educación por presunta prevaricación administrativa".

"Falta de compromiso real"

Lo que salió de la Conferencia Sectorial fue un acuerdo de 14 puntos donde se pueden encontrar algunas propuestas que pueden compartir, afirman, -como la apuesta por la educación presencial, siempre que tenga lugar con las máximas garantías sanitarias, o la necesidad de tomar medidas para reducir la brecha digital-, pero que no son realmente vinculantes -de hecho, dos autonomías, Madrid y País Vasco no han suscrito dicho acuerdo-, "pecan de inconcreción y se hace recaer el peso en las Comunidades Autónomas".

Para Ustea, "el problema de ambos textos es la falta de compromiso real por parte del Ministerio con la educación pública". Lo que el gobierno central y la ministra Celaá pretenden es la “cuadratura del círculo”: instar a los centros educativos a adaptarse a la llamada “nueva normalidad” pero sin un incremento de la inversión.

En opinión del sindicato, "lo que debería hacer la ministra es bajar la ratio (número de alumnos y alumnas por unidad) y blindar esa bajada desde el gobierno central". Desde USTEA hemos defendido siempre la bajada de la ratio como medida pedagógica, pero en este contexto es, además, una medida sanitaria imprescindible. "Una medida defendida también por madres y padres, exigida por las FLAMPAs de Cádiz y Jerez, por ejemplo, en comunicados públicos. Pero, claro, dicha medida tendría que ir acompañada de otras dos: incremente de la inversión y de las plantillas. Y el gobierno no está por la labor", lamentan.

"Lo único que se ha anunciado por parte del Gobierno central es un fondo de 2.000 millones a repartir entre todas las comunidades autónomas. Cantidad insuficiente, incluso ridícula para la situación que atravesamos. Además, desde la Confederación STEs-i, de la que formamos parte USTEA, se le ha exigido que al menos habilite el mecanismo normativo necesario para que dicho dinero vaya destinado exclusivamente a la educación pública, no a la concertada, cosa que el Ministerio no ha hecho".

La Consejería de Educación "no tiene nada concreto"

Además, continúan, "la respuesta a la situación por parte de la Consejería de Educación de Andalucía no es precisamente mejor". En la Mesa Sectorial del 10 de junio la Consejería pone sobre la mesa unas instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020/2021, ya publicadas, en la que solo se regulan aspectos pedagógicos, sin plantear medidas organizativas. El pretexto en dicha mesa fue que la Conferencia Sectorial se celebraría al día siguiente, 11 de junio. Sin embargo, a estas alturas, finalizado prácticamente el curso, desconocemos las medidas organizativas concretas que tiene previstas la Consejería de Educación, más allá de ese inconcreto acuerdo de 14 puntos suscrito con el Ministerio. Podemos asegurar que no habrá bajada de unas ratios que además en Andalucía, como hemos dicho, desafían la legalidad. Por el contrario, estamos asistiendo a una nueva oleada de supresiones de líneas que conllevarán, inevitablemente, una mayor masificación de las aulas, lo contrario de lo que necesitamos para afrontar la pandemia.

En una entrevista en Canal Sur Radio el pasado viernes 26 el consejero Javier Imbroda "dejó claro que no tenía absolutamente nada concreto que decir sobre la vuelta a las aulas en septiembre. La única conclusión que puede extraerse de la entrevista es que el consejero Imbroda tiene la intención de hacer con los equipos directivos lo mismo que la ministra Celaá ha hecho con las Comunidades Autónomas: pasarles la pelota".