La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a un funcionario de la Agencia Tributaria de El Puerto a dos años y diez meses de prisión por apoderarse de más de 13.000 euros de contribuyentes ya fallecidos o con alguna discapacidad, una estafa que llevó a cabo entre la segunda mitad de 2018 y los primeros meses de 2019 aprovechándose de las funciones que tenía asignadas en el servicio de Gestión Tributaria de la AEAT. 

El funcionario, que ha reconocido los hechos ante el tribunal, presentó a nombre de varios contribuyentes autoliquidaciones de IRPF o rectificaciones de las ya tramitadas en las que solicitaba una devolución tributaria ilegal para que fuese abonada en su propia cuenta bancaria. De esta manera, logró lucrarse con fondos públicos hasta que fue descubierto en 2019.

Los ciudadanos tributantes afectados por las maniobras de malversación que estaba desarrollando el funcionario no tuvieron constancia en ningún momento de lo que estaba ocurriendo con sus expedientes administrativos.

Se da la circunstancia de que en varios de los procedimientos de devolución tributaria que impulsó este funcionario, el contribuyente en cuestión ya había fallecido, lo que le permitía enmascarar con cierta facilidad el delito que estaba cometiendo.

En otros casos, el procesado gestionaba rectificaciones de IRPF de personas con discapacidad con el objetivo de incluir precisamente un porcentaje de discapacidad superior y así obtener un importe de devolución mayor, cuya recaudación ordenaba ingresar en su cuenta corriente.

El funcionario evitó la celebración del juicio la semana pasada en la Audiencia Provincial de Cádiz. El procesado no solo admitió los hechos por los que venía siendo acusado tanto por la Fiscalía como por la Abogacía del Estado, sino que consignó en la cuenta del juzgado las cantidades indebidamente obtenidas, algo más de 13.000 euros.

Así, en un acto de conformidad, fue condenado en firme a la pena total de dos años y diez meses de prisión y a tres años y tres meses de inhabilitación para empleo o cargo público relacionado con la gestión y recaudación tributaria en cualquier ente público estatal, autonómico o local por los delitos de prevaricación, estafa, falsedad en documento público y malversación. 

En cuanto a la pena privativa de libertad, la Audiencia de Cádiz ha acordado suspenderla siempre y cuando el funcionario no vuelva a delinquir por un periodo de tres años y pague una multa de 1.200 euros .