“El ciudadano tiene que saber que si quiere móviles, coches verdes, tecnología verde, se tiene que ir abajo, al fondo del mar”. Son declaraciones de Luis Somoza, del Departamento de Investigación en Recursos Geológicos del IGME, que recoge el informe Ojos que no ven...: un acercamiento a los estudios y proyectos sobre minería marina hecho público hace unos días desde Ecologistas en Acción.

“La realidad –apunta desde la organización Ana, investigadora de la UCA– es que no sabemos, aunque lo podamos deducir, el impacto real que pueda tener cualquier iniciativa de este tipo. El todo vale porque lo disfrazo de verde no nos sirve: por eso no creemos que el coche eléctrico sea una solución, porque no creemos en las tecnologías con una fuente material finita. Podrá ser menos contaminante que lo anterior, pero no se están viendo los recursos que consumimos para fabricarlo”.

“Cualquier persona con un mínimo de interés por investigar –continúa– sabe que, al final, lo que tenemos que buscar no es la primera solución, sino la que menos impacto tiene. Al respecto de la minería en el océano, se están tomando un montón de decisiones desde el desconocimiento”.

Lo cierto es que, mientras el país se descarboniza, florecen los proyectos de minería extractiva. No siempre, apuntan desde Ecologistas en Acción, a plena vista. De ahí el nombre del estudio: “El impacto visual suele ser nuestra primera referencia. Un problema muy claro es que pensamos que el mar es una fuente inagotable de recursos, que podemos coger sin ninguna consecuencia. No percibimos lo que hace el océano por nosotros, hasta qué punto deberíamos conservarlo y la de decisiones que tomamos sin pensar. El de la minería marina es un tema muy oculto, que apenas se conoce”.

En la última década y media, las políticas de financiación europeas para las llamadas “materias primas críticas” han hecho crecer de forma exponencial la influencia de quienes apoyan la extracción minera en los fondos oceánicos, tanto en aguas españolas como en aguas internacionales. A pesar de los impactos que podría producir esta actividad, desde los efectos tóxicos de los metales pesados en la cadena trófica (incluyendo los recursos pesqueros) hasta la liberación de gases de efecto invernadero, pasando por la destrucción irreversible de la biodiversidad marina, determinadas agencias gubernamentales y organismos públicos han continuado apoyando el avance de la minería submarina, denuncian los ecologistas. Hasta el momento, el organismo más influyente en la promoción de la minería submarina en España ha sido el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). La regulación, además, parte de una legislación obsoleta (la Ley de Minas es de 1973), que no contempla estos nuevos escenarios.

Entre estos nuevos escenarios se encuentra, por supuesto, el golfo de Cádiz. De hecho, entre estas aguas y el mar de Alborán se encuentran una serie de depósitos asociados a chimeneas carbonatadas y costras de ferromanganeso, situados entre 500 y 3.500 metros de profundidad. La particularidad de estos yacimientos es que están a escasa distancia del litoral: en parte, su origen está en la erosión y arrastre de la actividad minera en tierra. Ríos como el Tinto y el Odiel transportan el 47% del zinc y el 15% del cobre aportado por el conjunto de los ríos del mundo a mares y océanos.

Debido a estos arrastres, también se han formado depósitos de metales cerca de Huelva y Cádiz (incluyendo concentraciones significativas de titanio), que podrían ser objeto de prospección comercial mediante dragado. En el Banco del Guadalquivir, se han detectado también nódulos de litio y cobalto.

“Depende de la formación de la costa, si hay una pendiente muy grande llegas mucho más rápido a la cota la que se buscan esos materiales –explica Ana–. En el golfo de Cádiz, se da esta peculiaridad. Alrededor de los volcanes de fango, hay presencia de nódulos de hierro y manganeso. Pero a veces se forman contracorrientes, y esos restos y plumas de materiales podrían llegar a la costa, interfiriendo no sólo con la actividad humana, sino también con los ecosistemas”.

Tanto el golfo de Cádiz como los volcanes de fango son áreas protegidas; el primero, como Área Marina Protegida (OSPAR); y los segundos, como Lugar de Importancia Comunitaria: “Debería servir de algún tipo de escudo pero bueno, también sabemos que los proyectos de tracking estaban en tres parques naturales... Ese es uno de los problemas de la falta de regulación, que no se prohíbe expresamente, aunque se hable de actividades de alto impacto”.