Una mujer de Chiclana ha presentado una demanda contra su aseguradora médica después de perder al bebé que estaba esperando tras ser sometida a un TAC con contraste, una prueba que le fue prescrita por los especialistas que la trataron y que provocó que el feto fuese expuesto a radiaciones ionizantes que le causaron malformaciones. La mujer, según expone en su demanda, se vio entonces obligada a abortar.

Los hechos que han dado lugar a este procedimiento judicial se remontan a marzo de 2019, cuando la joven, entonces de 28 años de edad, acude a su clínica privada con un fuerte dolor de barriga, mucha fatiga y náuseas. Está embarazada de seis semanas, pero ella no lo sabe.

Tal y como ha explicado a este medio el abogado de la demandante, el letrado José Luis Ortiz, a la paciente le diagnostican una apendicitis (primer diagnóstico erróneo) y la dejan ingresada para hacerle pruebas. Entre ellas, le realizan un análisis de sangre, si bien la doctora no marca la casilla para detectar un posible embarazo cuando manda las muestras al laboratorio.

Al día siguiente, señala Ortiz, a la joven le hacen radiografías en el abdomen y le dicen que “probablemente tenga una perforación de víscera hueca” (segundo error de diagnóstico) y le solicitan un TAC con contraste. “En ningún momento nadie le pregunta si está embarazada o si tiene sospechas de estarlo”, refiere su abogado, que añade que “tampoco el radiólogo, antes de someterla al TAC con contraste, le pregunta si el dolor de barriga puede ser atribuible a un posible embarazo”.

Finalmente, tras los resultados del TAC, los médicos le dicen a la joven que tiene un bioma y un quiste en el útero (tercer error de diagnóstico), por lo que la derivan a ginecología. “Al ver el resultado del TAC, la ginecóloga muestra su disconformidad y, para salir de dudas, le hace una ecografía vaginal. Una vez que la ve, la especialista le explica, para su sorpresa, que habían confundido la apendicitis, la perforación, la víscera hueca y el quiste con el saco gestacional y el embrión del feto, pues estaba embaraza de seis semanas”, indica José Luis Ortiz.

Tras darle el alta, prosigue el abogado, la propia ginecóloga le traslada su preocupación por las radiaciones ionizantes que ha sufrido el feto, lo que, sin lugar a dudas, le ha provocado una malformación congénita durante la fase primera de gestación.

Antes de tomar una decisión, la joven acude a tres ginecólogos obstetras, dos pertenecientes a la sanidad pública y un tercero privado. Los tres coinciden en el diagnóstico: el feto viene con malformaciones congénitas. “La demandante asume la terrible decisión de no tener ese hijo tan deseado y pide autorización para realizarse una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), autorizada por la Consejería de Salud”, detalla Ortiz.

A raíz de estos hechos, la mujer reclama a su seguro médico 200.000 euros por incumplimiento de protocolos clínicos, error de diagnóstico (hasta tres consecutivos), abandono de la paciente, consejo prenatal nefasto e indocumentado y consentimiento informado de TAC en el que el radiólogo responsable no le recaba información sobre un posible embarazo. También reclama por el tratamiento psiquiátrico al que está sometida por sufrir una profunda depresión tras haber perdido a un bebé deseado.