El personal de Afanas Sanlúcar-Chipiona-Rota-Trebujena se ha concentrado junto a la residencia que posee esta asociación comarcal en la zona sanluqueña del Cabo Noval para protestar por “la grave situación que atraviesan todos los centros que atienden a las personas con discapacidad en Andalucía ante la deficitaria financiación que padecen, lo que pone en riesgo su futuro ante la imposibilidad de sostener sus gastos de funcionamiento”.

Más de un millar de profesionales que conforman las plantillas de los casi 600 centros de discapacidad andaluces han participado en estas protestas en las puertas de los mismos con el objetivo de reclamar a la Junta “una mejora de la financiación tras la insuficiente subida del 2,6% del coste-plaza acordada para este año”.

Las entidades que gestionan estos centros, entre las que se encuentra Afanas, consideran que “este incremento no cubre ni de lejos los gastos que soportan, lo que nos condena al cierre ante la imposibilidad de poder mantener la prestación de estos servicios fundamentales para las personas con discapacidad”. “En estos centros trabajan 1.400 personas, en su mayoría mujeres y profesionales especialistas en el tratamiento de estas personas. Además, los centros atienden a más de 12.500 personas con discapacidad y sus servicios benefician a más de 30.000 familias en Andalucía”, destaca la asociación.

Según asegura, “la situación que viven estos centros es límite y corren el riesgo de tener que cerrar ante la imposibilidad de poder mantener unos servicios y tratamientos esenciales que solo se prestan a través de las entidades que gestionan estos centros, asumiendo así esta labor en lugar de la administración”. “Con la actual situación es imposible sostener un servicio de calidad y dignificar a los profesionales que prestan estos servicios para mantener así un sector vital para el bienestar de las personas con discapacidad”, manifiesta Afanas.

Así las cosas, “el movimiento asociativo de la discapacidad en Andalucía exige a la Junta, en la negociación que mantiene abierta con sus representantes, un compromiso urgente y con perspectiva para cerrar un acuerdo que garantice la sostenibilidad financiera y la supervivencia de estos centros a medio y largo plazo”.

Argumenta que “la deficitaria situación actual se arrastra ya desde hace una década, a la que se ha sumado el impacto durísimo de la pandemia, que ha supuesto un esfuerzo económico suplementario a las entidades para sufragar los gastos extraordinarios provocados por la crisis del Covid. A todo ello se añade también la desorbitada subida de los suministros como la electricidad y el gas en los últimos meses, con aumentos de hasta el 40%, o el incremento del salario de los profesionales que trabajan en estos centros por los convenios en los últimos años, con un nuevo aumento a primeros de año que tendrán que afrontar sin recursos para ello”, afirma.