Destapando un tabú: así salvó a Barroso una ley de Franco

Fue enviado allí, al corazón del Océano Pacífico, con la misión de realizar diversas mediciones con el Sol y la Luna como puntos de referencia. Y aparte de hacerlo, porque su contribución a la geografía terminó siendo abrumadora, lo curioso es que el capitán inglés James Cook también trajo a Europa, a mediados de ese siglo XVIII, una palabra que se usaba bastante allí, en la Polinesia, y que le llamó la atención porque se refería a prohibiciones estrictas de carácter religioso que no se podían infringir, so pena de sufrir algún tipo de castigo sobrenatural. Y en un libro en el que resumió sus viajes por el mundo, Cook dio popularidad en el Viejo Mundo al término tabú (taboo en inglés).

Es esa una palabra que, la pronunciemos mucho o no, sí la llevamos a la práctica con cierta asiduidad, cuando optamos por no citar o no recordar hechos que sabemos que pueden causar daño a quienes tenemos cerca, a quienes nos escuchan o a quienes nos leen. La política no es ajena a ello, porque también hay ahí muchos tabús, como por ejemplo aquel acontecimiento histórico que sucedió en Puerto Real hace 44 años y que, queriendo o sin querer, parece haber sido borrado de la memoria colectiva.

Porque muy pocos saben hoy que en octubre de 1981 hubo en el Ayuntamiento puertorrealeño una moción de censura, la primera de la democracia en la provincia de Cádiz, que fue aprobada por el pleno por mayoría absoluta (12 votos de 21 concejales) y que no trajo consigo la dimisión de su primer alcalde tras la Dictadura, José Antonio Barroso, porque la legislación vigente en ese momento no le obligaba a dejar el cargo. Digamos que una ley de Franco salvó al comunista/castrista/revolucionario Barroso.

En los 46 años y medio que llevamos de ayuntamientos democráticos, en la provincia gaditana se han celebrado 16 mociones de censura. Curiosamente, las únicas que no tuvieron repercusión fueron la última, vivida en diciembre de 2017 en San José del Valle pero que fue anulada por la Justicia, y la primera, que tuvo lugar en Puerto Real el miércoles 21 de octubre de 1981, justo el día después de la celebración del referéndum sobre el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

A esas alturas el gobierno municipal de Puerto Real ya había saltado por los aires. El famoso pacto de izquierdas que se cerró en toda España en esa primavera de 1979 también se extendió a Puerto Real, aunque en este caso no era necesario frenar a la UCD. Esas primeras elecciones fueron ganadas por el PTA (Partido de los Trabajadores de Andalucía) que lideraba un José Antonio Barroso que se estrenó en la Alcaldía con 27 años recién cumplidos. Los seis ediles del PTA empezaron a gobernar con el apoyo, entre otros, de los cinco concejales del PSOE, que eran la segunda fuerza. La Corporación la completaban otros cinco ediles de un partido independiente, dos de la UCD, dos del PSA y uno del Partido Comunista. Pero superado el ecuador del mandato Barroso se había quedado completamente solo, tanto que todos sus compañeros de grupo terminaron pidiendo formalmente su cabeza.

El debate de esa moción de censura se prolongó durante seis horas en un salón de plenos abarrotado, en el que hubo mucha tensión, con aplausos y abucheos constantes, pero sin incidentes reseñables. El acta de aquella sesión plenaria es una joya porque en el mismo puede leerse que primeramente se debatió –y se aprobó– la dimisión de cuatro miembros de la Comisión Municipal de Urbanismo: uno del PTA, otro del PSOE, otro independiente y el cuarto de la UCD. Decían que se sentían ninguneados por el alcalde, que impulsaba obras a espaldas suyas.

El segundo punto del orden del día era más llamativo aún: cinco de los seis concejales del PTA elevaban a votación un manifiesto en el que pedían la dimisión del regidor. Estaba firmado por los hermanos José y Manuel Cruz Vías, por Diego Luis Moreno, por Joaquín Villalpando y por Francisco Mangano. Estos dos últimos habían sustituido en esos dos primeros años de mandato a Alfonso Gil y a Juana Cárdenas. Pese a que Barroso había sido su cabeza de lista en 1979, le reprochaban ahora que llevara a cabo una gestión “contraproducente”, con mucha “desgana”, sin recibir a los vecinos en el Ayuntamiento y, lo que más dolió al alcalde, “olvidándose de la clase obrera” para acercarse a las grandes empresas que ya estaban asentadas en Puerto Real.

Barroso no se cortó, respondió uno a uno a todos esos ataques de los que habían sido hasta ese día sus compañeros de bancada, pero no pudo evitar que la votación saliera en contra de sus intereses. Y este resultado abría las puertas a que a renglón seguido se pudiera debatir y votar la moción de censura en sí, que fue presentada por el Grupo Socialista, defendida por su portavoz, Juan Manuel García Candón, y que no tenía el visto bueno de la ejecutiva provincial de este partido.

Desde el PSOE los reproches a Barroso eran igual de duros, hablando de “caos administrativo” en el Ayuntamiento, de “gastos desmesurados y sin control” por parte del alcalde y reprochándole a éste “maniobras mezquinas”, “mucho protagonismo” y “falta de respeto al resto de los grupos políticos”. Este argumentario fue refrendado por otros grupos pero no por todos, porque desde el PSA o la UCD, por ejemplo, se destacaba que en la balanza final José Antonio Barroso había aportado más cosas buenas que malas a la gestión municipal.

Las andanadas lanzadas contra él no aminoraron al alcalde, que reaccionó afirmando que efectivamente se sentía solo, que aunque dimitiera no se restablecería la armonía en el Ayuntamiento, y acusaba al PSOE de “buscar sólo el poder” y a todos sus críticos de haber llevado a cabo en la ciudad “una campaña injuriosa contra mí y mi familia”.

La votación final fue inapelable: 12 votos apoyaron la moción de censura (cuatro del PSOE, cinco del PTA y tres de los independientes) frente a cuatro votos en contra (dos del PSA, uno del PCE y el del propio Barroso) y la abstención de los dos concejales de la UCD. No asistieron al pleno un edil del PSOE y otro del Grupo Independiente y no se había cubierto aún en la Corporación Municipal la baja como concejal que había presentado nueve meses atrás quien fuera el cabeza de lista de este partido independiente, Guillermo Torres.

Entre los asistentes al pleno se encontraba el padre del alcalde, que no pudo disimular su satisfacción tras conocer el resultado de la votación porque, decía, desde que su hijo había entrado en política y había llegado a la Alcaldía sólo había recibido disgustos. Pero rápidamente Barroso disipó todas las dudas cuando le trasladó a su padre en presencia de todos un contundente “pero si no me pienso marchar”.

Efectivamente Barroso no estaba obligado a dimitir. No sería hasta abril de 1985 cuando se aprobaría la Ley de Bases de Régimen Local que sí regula la moción de censura tal como la conocemos ahora. Pero entonces la ley vigente era una de 1945. Y en esa época, con la Dictadura de Franco en pleno apogeo, todo alcalde estaba considerado como el jefe local del Movimiento y tenía a su cargo a la Policía Local pero también a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado radicadas en ese municipio. Este concepto de figura intocable fue el que salvó a Barroso.

Lo único que pudo hacerse en los primeros años de democracia fue aprobar una norma transitoria que permitía echar a un alcalde si perdía una moción de censura y si la dirección de su partido efectivamente la aceptaba. En este caso el secretario general del PTA, Isidoro Moreno, dio previamente su consentimiento pero con la condición de que alguno de los otros concejales de su partido en Puerto Real asumiera la Alcaldía, porque se negaba a que fuera a parar a manos del PSOE. Pero con un PTA que estaba ya en un proceso claro de descomposición, los cinco ediles peteros rehusaron relevar a Barroso, para beneficio igualmente de éste.

La moción de censura no pudo echar a Barroso de la Alcaldía, pero sí tuvo otras dos consecuencias. Una de ellas es que la sociedad puertorrealeña le dio al regidor un apoyo masivo en las elecciones municipales de 1983, cuando la lista de Unidad Puertorrealeña que encabezaba logró una clara mayoría absoluta obteniendo 13 de los 21 concejales.

La otra consecuencia es que, al no lograr echar al alcalde, los cinco concejales del PTA presentaron su dimisión en el Ayuntamiento. Y, como ya no había más candidatos de los que tirar tras tantas renuncias, al final hubo que crear una gestora que se constituyó el 1 de diciembre de 1982, que fue la segunda de la provincia tras la de Olvera que se había creado el mes anterior, y que apenas funcionó cinco meses, hasta las nuevas elecciones. A esas alturas en el Ayuntamiento de Puerto Real sólo quedaban once concejales y, como para aprobar determinados asuntos eran necesarios por ley los votos de dos terceras partes de la Corporación, de ahí que se creara esa gestora. Para ello la Diputación nombró a siete vocales, aunque incluso dos de ellos renunciaron igualmente a ocupar estos huecos.

Se da la paradoja de que los concejales del PTA que respaldaron la moción de censura contra Barroso siguen siendo a día de hoy grandes amigos del ex regidor puertorrealeño. Algunos de ellos, incluso, volvieron a estar en sus posteriores gobiernos municipales ya en las filas de IU. Y todos ellos integran un grupo de whatsapp que se llama los peteros, que aglutina a concejales, militantes y simpatizantes de aquel PTA del inicio de la democracia. Ese grupo suele organizar almuerzos, excursiones y reuniones varias entre ellos, pero para nada se habla de aquella moción de censura, porque es un tema tabú.

Lo que no es un tabú para Barroso es hablar de la Alcaldía de Puerto Real, aquella que dirigió durante 28 años divididos en dos etapas, que abandonó en 2011 tras ser claramente derrotado en las urnas y a la que quizás intente regresar si, tras el periodo de reflexión personal que ha iniciado, se decide a presentarse como candidato en las elecciones municipales de 2027, cuando tendrá ya 75 años. Bueno, también el capitán Cook volvió años después a la Polinesia, la cuna del tabú.