El Colegio Profesional de Economistas de Cádiz comparte las consideraciones expresadas por el Consejo General de Economistas de España. Tras el Consejo de Ministros celebrado el martes, los economistas muestran su gran decepción por la poca contundencia de las medidas económicas que se anunciaron, y especialmente por no atender a la razonable petición de ampliar los plazos de presentación de las autoliquidaciones tributarias y de las declaraciones informativas.

El Colegio Profesional de Economistas de Cádiz, comparte lo expresado por el presidente del Consejo General, en el sentido de que “los acuerdos del Consejo de Ministros pueden interpretarse como una falta de sensibilidad del Ejecutivo con empresas y profesionales, a quienes parece querer negar herramientas de fácil implementación y bajo coste que podrían ser de gran ayuda para garantizar su supervivencia, facilitándoles liquidez con algo tan sencillo como ampliar los plazos de presentación de las autoliquidaciones tributarias y de los pagos de las cuotas de la Seguridad Social; lo que sería especialmente importante para aquellos que, a duras penas, están intentado mantener la actividad –máxime con la extensión del estado de alarma 15 días más–, y a los que podría parecer que están dejando en una situación de desamparo”.

Los economistas quieren dejar claro que no piden reducción ni condonación de los tributos, esenciales para el normal funcionamiento de un Estado de Derecho. Su petición se centra en el simple retraso en el cumplimiento de las obligaciones tributarias durante el periodo de emergencia sanitaria, en defensa de la salud de las empresas, sus trabajadores, profesionales y ciudadanos, en general. El mantenimiento de los plazos de las declaraciones y autodeclaraciones tributarias supone quebrantar, sin necesidad, las medias deconfinamiento acordadas, y suponen un grave e innecesario riesgo para la salud pública.

Desde el Consejo General de Economistas, corporación en la que se encuadran profesionales que están muy cerca de la empresa en el asesoramiento financiero, mercantil, laboral, concursal o fiscal, comprueban estos días la preocupación y el pesimismo que los profesionales transmiten, no solo por ellos sino, sobre todo, por los problemas que se agolpan alrededor de ese tejido empresarial. En unos casos, se ha producido el cierre de sus negocios, en otros, es difícil o imposible cobrar las facturas y realizar ventas, y todos advierten un futuro dificilísimo, incluso después de que la pesadilla del Covid-19 cese.

Resultaría irresponsable jugar con la salud de tantos profesionales y sus trabajadores cuando la propia administración tiene cerrada sus instalaciones para proteger a los funcionarios. De la misma manera que los profesionales que cuidan de la salud de los ciudadanos son dignos de la mayor protección y reconocimiento (al que nos sumamos), los economistas, como profesionales que cuidamos de la salud económica de las empresas, también deberíamos merecer un nivel de protección adecuada.

Por eso, aun reconociendo algunas medidas de alivio (como la flexibilización de ERTEs, las relacionadas con las cuotas de autónomos, las facilidades para aplazar autoliquidaciones tributarias de las pymes que resulten a ingresar o la ampliación de determinados plazos tributarios), entendemos que, dada las circunstancias actuales y el acelerado deterioro del tejido productivo, estas medidas resultan a todas luces insuficientes.