Los procuradores gaditanos han mostrado su rechazo generalizado a todas las medidas propuestas por el Consejo General del Poder Judicial para hacer frente al colapso judicial que está generando la crisis del coronovarius. El Colegio de Procuradores de Cádiz ha presentado un conjunto de alegaciones al plan de choque planteado por el CGPJ al considerar que enmascara "una reforma procesal precipitada" que merma los derechos de los ciudadanos.

El Colegio de Procuradores de Cádiz explica en un comunicado que la situación actual así como la suspensión de plazos acordada "podrían provocar un daño a nuestra ya maltrecha Administración de Justicia". "No podemos obviar que el retraso que sufre la Justicia en este país no se debe al Covid-19, sino que más bien se trata de un problema anterior, endémico y no de fácil solución".

La institución colegial entiende que poco o nada se ha hecho en ese sentido. "Sirva de ejemplo que el Colegio de Procuradores de Cádiz lleva desde el año 2012 implantado el sistema de comunicaciones telemáticas LexNet para el envío de notificaciones y la presentación de escritos, coincidiendo con la entrada en vigor del proyecto 'Papel Cero' en la Administración de Justicia. Pues bien, ha tenido que llegar un virus desde China para que nos demos cuenta que lo de 'Papel Cero' se trataba solo de un eslogan, ya que en la Administración de Justicia no es posible teletrabajar".

Los procuradores cuestionan asimismo las circunstancias en las que el CGPJ los ha emplazado a presentar alegaciones a su plan de choque judicial para afrontar la pandemia. "No parece lógico que, acordado el estado de alarma y su posterior prórroga, se elabore un documento por este Consejo que consta de 436 páginas y una cantidad ingente de medidas de todo tipo para que en el plazo récord de cuatro días formulemos alegaciones a cada una de las acciones propuestas de manera concreta, articulada y de acuerdo con una plantilla de trabajo que se nos adjunta. Se nos antoja complejo, por no decir absolutamente imposible, que este colegio pueda hacer su trabajo en la forma que la situación requiere, con un estudio en profundidad de cada medida".

Respecto a las medidas formuladas por el CGPJ, el Colegio de Procuradores de Cádiz se muestra en contra de todas ellas. Así, ha formulado una enmienda a la totalidad del texto planteado por el Poder Judicial por dos motivos fundamentalmente: "El primero no es otro que la imposibilidad real de formular alegaciones a cada una de las medidas. En segundo lugar, es necesario que nos manifestemos en contra, no ya de la aprobación de las referidas medidas, sino de su remisión al Ministerio de Justicia por unas cuestiones formales y de oportunidad. Es imposible, tras un análisis general, no quedar con una sensación extraña, sorpresiva o inesperada. Como decimos, es imposible no darse cuenta y ser testigo de que muchas de las medidas contenidas en ese paquete poco o nada tienen que ver con la crisis sanitaria del Covid-19". 

Para el ente colegial, llama poderosamente la atención que la práctica totalidad de las acciones de reforma se proponen con vocación de permanencia y en ningún caso para afrontar una situación temporal o transitoria de emergencia o de excepcionalidad derivada de la pandemia, lo que supone una reforma procesal global realizada de forma precipitada. "Esto podría causar un grave perjuicio a la ciudadanía y a los operadores jurídicos".

"Nuestros sistemas operan telemáticamente desde hace varios años, por ello, lo primero que habría que plantear es la reanudación de la actividad jurídica de tramitación, facilitando los medios tecnológicos necesarios a los funcionarios de la Administración de Justicia e implantando las medidas sanitarias precisas para que puedan desarrollar su trabajo sin riesgo alguno para su salud, por ejemplo, mediante turnos rotatorios y el cierre al público de la oficina judicial", explica el colegio en su comunicado a modo de solución. 

Como conclusión, el Colegio de Procuradores de Cádiz considera que el plan de choque del CGPJ enmascara "un propósito de reforma integral y en toda regla de las normas y la estructura procesal de este país, con una clarísima restricción de derechos del justiciable y con una merma importantísima del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, que en teoría tienen todos los ciudadanos de nuestro país. Pero, eso sí, evitando todo ese tedioso trámite legal que la mayoría de dichas reformas implicarían en su aprobación mediante Ley Orgánica, tal y como dispone nuestro ordenamiento".