La Federación de Empresarios de la Construcción de Cádiz (FAEC) y su Asociación de Promotores (Asprica) rechazan la futura ley estatal de vivienda, y advierten de sus posibles “efectos adversos” como “el ataque a la propiedad privada, la máxima erosión de la seguridad jurídica” así como que producirá fines contrarios a los deseados.

“Se trata de una primera e imprecisa valoración y habrá que esperar a conocer siquiera el anteproyecto para un posicionamiento definitivo”, alertan ambas organizaciones en un comunicado, donde reclaman “un exhaustivo estudio previo, con consultas a organizaciones” del sector de cara a su elaboración.

En su opinión, se debería haber separado de la negociación de los presupuestos “para someterse a un sosegado debate”, y avanzan que si se tramita vinculada a las cuentas de 2022, no será posible cumplir el trámite de consulta pública a los sectores afectados, lo que podría dar pie a “un posible recurso de constitucionalidad”.

Además, ambas organizaciones critican que se atribuya a las comunidades autónomas y ayuntamientos la aplicación de la futura norma, lo que podría suponer “en la práctica la existencia de verdaderos regímenes económicos y jurídicos distintos”.

El Gobierno anunció a comienzos de semana el acuerdo sobre la Ley de Vivienda, último escollo en la negociación para lograr la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2022. A la espera de conocer el texto final, el objetivo del Gobierno es contener los precios del mercado inmobiliario de alquiler y facilitar el acceso a la vivienda, sobre todo entre los jóvenes.

Para lograrlo, la futura legislación fijará un límite de precios en las zonas tensionadas, contempla un recargo del 150% del IBI para pisos vacíos y obligará a reservar un 30% de las nuevas promociones para destinarlo a vivienda de protección oficial, entre algunos de los puntos que se conocen.