La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a diez años de cárcel a los cuatro cabecillas de una organización que introducía en España a inmigrantes de origen magrebí en pateras. Primero llegaban a la costa gaditana y después eran trasladados a Huelva y Sevilla, donde eran retenidos en contra de su voluntad hasta que los familiares abonaban a la banda determinadas cantidades de dinero a cambio de no entregarlos a las autoridades españolas. Los cuatro procesados han sido condenados por un delito continuado contra el derecho de los ciudadanos extranjeros y un delito de detención ilegal.

Según la sentencia, difundida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a uno de ellos se le suma además una condena de tres años de prisión por un delito contra la salud pública, pues fue sorprendido con hachís en el momento de su detención.

De otra parte, otros cuatro implicados en la causa acusados de cooperar con la organización han sido condenados a nueve meses de prisión por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La resolución judicial recoge como hechos probados que la red realizó diferentes traslados entre octubre de 2016 y marzo de 2017. Las embarcaciones arribaban a las costas de Barbate, si bien en una ocasión llegó una patera a la playa de La Muralla, en El Puerto de Santa María, donde fueron interceptadas 20 personas.

El tribunal de la Sección Cuarta, encargado de juzgar el caso, considera acreditado que los cuatro cabecillas estaban integrados en una organización criminal, formada por ciudadanos residentes en España y en Marruecos, que introducía en el territorio nacional a marroquíes a cambio de dinero. Para ello utilizaban embarcaciones neumáticas, semirrígidas y pateras. Los otros encausados, precisa la sentencia, colaboraban puntualmente con la organización.

La rama ubicada en Marruecos se dedicaba a la captación de personas de nacionalidad marroquí, a las que ofrecían trasladarse a España en pateras a cambio de una contraprestación económica. Además, se encargaba de organizar y agrupar a los inmigrantes para enviarlos en las mencionadas embarcaciones.

Por su parte, la rama española desempeñaba otra función: recibir a los inmigrantes una vez que llegaban a España para después despojarlos de todos los efectos que portasen, tales como documentación, dinero y teléfonos móviles, con el objetivo de dejarlos en una "situación de total indefensión". Así, eran trasladados principalmente a las provincias de Almería o Huelva y allí eran retenidos en contra de su voluntad hasta que los familiares pagasen determinadas cantidades de dinero a cambio de no entregarlos a las autoridades españolas.