Dicen que las cosas de palacio van despacio, pero las cosas de la Justicia van más lentas todavía. Y si no que se lo digan a los vecinos de la comunidad Bahía Luz, en Valdelagrana, que llevan desde el año 2011 esperando que se ejecute una sentencia dictada en 2009 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Cádiz, ratificada en 2011, tras el recurso de la propiedad y el Ayuntamiento, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El objeto de litigio era la construcción de un edificio de tres plantas (baja más dos) junto al paseo marítimo de Valdelagrana, tras la concesión de una licencia municipal en 2003  por parte de la comisión de gobierno del Ayuntamiento portuense, siendo alcalde Hernán Díaz y concejal de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez.

Desde un primer momento los vecinos de las tres comunidades de Bahía Luz lucharon para que no se construyeran estos apartamentos turísticos, en una parcela con bolsas de aparcamiento entre  bloques de viviendas sin que se guardara la distancia necesaria entre construcciones y con la pérdida de vistas y de intimidad por parte de los vecinos de las construcciones ya existentes. Además, los vecinos denunciaban que se habían puesto a la venta apartamentos residenciales en un solar de uso comercial-hotelero, en el que sólo se podían construir apartahoteles, mediante la inscripción previa en el Registro de Actividades Turísticas, una solicitud de la que no había sido objeto la edificación.

La comunidad Bahía Luz decidió acudir a los tribunales y ganó, estimando el Juzgado que la licencia concedida era nula por haberse excedido la volumetría autorizada para el edificio, debiendo quedar reducido a una sola planta. 

A pesar del tiempo transcurrido, y de las numerosas ocasiones en las que los vecinos se han interesado por la ejecución de la sentencia, no han tenido éxito y el inmueble sigue allí en pie, cada vez en peor estado, lleno de pintadas y con las puertas reforzadas para evitar la presencia de ocupas.

Los bajos del inmueble se encuentran reforzados para evitar ocupaciones ilegales.

Los últimos intentos  para que el Ayuntamiento portuense ejecutara la sentencia, procediendo al derribo de parte del edificio, se llevó a cabo en los años 2020 y 2021,  mediante una carta y una reunión con el alcalde portuense, Germán Beardo, instándole a que se diera cumplimiento a la legalidad, aunque hasta la fecha esta petición ha caído en saco roto.

Los vecinos lamentan el perjuicio en su calidad de vida que han sufrido con esta situación, primero por la pérdida de vistas y de luz desde sus viviendas y también porque, al haberse levantado el edificio en un enclave tan inapropiado, no han  podido disfrutar de otras ventajas como la existencia de un boulevar ajardinado, como hay junto a otras bolsa de aparcamiento, lo que los convierte en punto de desembarco de la mayoría de los autobuses vacacionales que llegan hasta la zona.

También recuerdan que esta parcela, en el PGOU ahora vigente de 1992, aparecía  como zona verde, siendo el Plan anulado de 2012 el que le otorgó un uso comercial y hotelero al que se quiso ajustar la licencia concedida en 2003, que finalmente fue anulada por excederse el volumen autorizado del edificio construido. Ya desde un principio la Junta había advertido que se estaba promoviendo un edificio residencial en unos suelos catalogadas para usos terciarios y hoteleros, a pesar de lo cual el Ayuntamiento siguió adelante con la licencia, que posteriormente sería anulada.

Los vecinos urgen al Ayuntamiento a ejecutar el derribo de inmediato, y relatan cómo este último verano han vuelto a tener problemas, al tratar la nueva empresa propietaria del edificio de acondicionar y poner en uso los apartamentos turísticos construidos, algo que solo evitó la vigilancia de los vecinos y la denuncia ante el Ayuntamiento, que ordenó la paralización de los trabajos en marcha el pasado mes de julio.

Los vecinos reclaman al Ayuntamiento portuense que ejecute cuanto antes la sentencia y confían en que no se aproveche ahora la revisión del PGOU para tratar de evitar este derribo, anunciando que estarán atentos a la redacción del nuevo plan para presentar las alegaciones que consideren necesarias si antes no se ha restaurado la legalidad en la zona.