El Juzgado de Primera Instancia en Instrucción número 1 de Barbate ha apreciado indicios de delito medioambiental en el emisario submarino que vierte aguas residuales al Atlántico cada verano desde la playa del Retín, a mitad de camino entre la localidad barbateña y Zahara de los Atunes. Por ello, este Juzgado ha decidido continuar la tramitación de las diligencias previas por el procedimiento abreviado y, concluida la instrucción, será la Audiencia Provincial de Cádiz la que tendrá que dictaminar si decreta la apertura de juicio oral contra el actual alcalde de Barbate, el andalucista Miguel Molina; su predecesor en el cargo, el socialista Rafael Quirós; la actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento barbateño, Mari Loli Varo, así como a la ex concejala andalucista María José Corrales, además de la empresa Aqualia.

Este procedimiento parte de una querella interpuesta en 2016 por la Asociación de Comerciantes de Zahara (Acoza) y la continuación de su tramitación ha quedado fijada en un auto firmado por el juez sustituto Francisco Javier de Lemus Vara y fechado el pasado 30 de diciembre. En el escrito se refleja la posible comisión de un delito de emisiones, vertidos, radiaciones o extracciones que puedan dañar al medio ambiente, en modalidad omisiva, que se regula en el artículo 325 del Código Penal. A partir de ahora se abren varios plazos en los que se da por seguro que las acusaciones particulares (Acoza y cuatro vecinos de Barbate a título individual) solicitarán la apertura de juicio oral, sin que se sepa aún qué dictaminará el Ministerio Fiscal. Y también se da por hecho que las defensas presentarán un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, que tendrá que ratificar o revocar el auto del Juzgado barbateño.

Esta causa se abrió tras entender la Asociación de Comerciantes de Zahara que el emisario subterráneo puesto en funcionamiento por el Ayuntamiento de Barbate en el verano de 2014 perjudicaba los intereses zahareños. En concreto, consideraban que dicha conducción provocaba malos olores y dejaba inmundicias en el agua, dañando los intereses económicos de una zona tan turística. De ahí la presentación de esa querella y la apertura de un procedimiento en el que los intereses de los comerciantes zahareños están siendo defendidos por el abogado José Plaza, del Bufete Rosales de Madrid. Acoza siempre ha argumentado que no busca castigo para ninguno de los concejales y ex concejales barbateños implicados y que su único interés en este asunto es que deje de funcionar el referido emisario submarino.

Hay que recordar que durante todo el año la depuradora de Barbate vierte sus aguas tratadas directamente al río Barbate, aunque desde 2014 todos los veranos ese vertido se realiza entre junio y septiembre a través de una canalización construida a mitad de camino entre Barbate y Zahara y que parte de la playa del Retín, también conocida como la playa del Botero. El Ayuntamiento barbateño aprobó esta medida para salvaguardar así la playa del Carmen, en las inmediaciones de la depuradora y del río Barbate, que ya tuvo que ser cerrada al baño en 2011 por problemas sanitarios. Este emisario fue puesto en funcionamiento por el gobierno socialista de Quirós y mantenido por el gobierno andalucista de Molina a partir de 2015.

En el auto del Juzgado número 1 de Barbate dictado el pasado 30 de diciembre se destaca de manera especial que entre las diferentes diligencias practicadas en estos años "existen declaraciones de personas que aseveran que las aguas de la playa (de Zahara de los Atunes) han sido encontradas sucias, turbias, en ocasiones incluso con excrementos". "Además se trata de una actuación sostenida en el tiempo", subraya el auto.

En especial, el Juzgado barbateño se hace eco de un informe emitido por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en 2016 que corroboraba "una alta carga contaminante en las aguas" de la playa zahareña. Y añadía la Junta, tal y como recoge el auto judicial, que desde 1988, es decir, desde hace ya 33 años, Barbate viene realizando vertidos al mar sin tener autorización para ello. 

El delito medioambiental recogido en el artículo 325 del Código Penal recoge penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años.