Provincia de Cádiz

Los ayuntamientos de Cádiz siguen a la cola en la rendición de cuentas

  • 8 de los 45 municipios y las diez ELA de la provincia no han presentado el balance de 2018

  • El Puerto, Rota, Puerto Serrano, Algodonales, Zahara y Benaocaz arrastran tres ejercicios en blanco

Fachada del Ayuntamiento de Jerez.

Fachada del Ayuntamiento de Jerez. / Pascual

Los ayuntamientos de la provincia de Cádiz se mantienen a la cola de España en lo que se refiere a la rendición de cuentas. 28 de los 45 municipios gaditanos, prácticamente dos de cada tres consistorios, aún no han presentado el balance contable de 2018 ante la Cámara de Cuentas de Andalucía, pese a que el plazo legal que marca la ley autonómica expiraba el pasado 31 de octubre, según recoge el Tribunal de Cuentas de España. Tampoco han cumplido este precepto ninguna de las diez Entidades Locales Autónomas (ELA) que existen en Cádiz.

Los ayuntamientos cumplidores son Algar, Algeciras, Bornos, Chiclana, El Bosque, El Gastor, Jimena, La Línea, Los Barrios,Prado del Rey, San Roque, Setenil, Torre Alháquime, Ubrique, Villaluenga, Villamartín y San Martín del Tesorillo.

En el pelotón de incumplidores se encuentran la capital –a la que le faltan el balance de 2017 y 2018– y la mayor parte de los grandes municipios de la provincia, como Jerez –que tiene el dudoso honor de ser la ciudad de más población de toda España sin rendir cuentas, según el órgano fiscalizador–, San Fernando, El Puerto, Sanlúcar, Puerto Real, Arcos o Rota.

Es más, un grupo de seis localidades –El Puerto, Rota, Algodonales, Puerto Serrano, Benaocaz y Zahara de la Sierra– es reincidente y aún no ha rendido la cuenta general de los ejercicios anteriores –2016 y 2017–. Y lo mismo ocurre con las ELA jerezanas Torrecera, Nueva Jarilla, Guadalcacín, La Barca de la Florida, El Torno, San Isidro del Guadalete, y Estella del Marqués; y Zahara de los Atunes (Barbate), que tienen pendiente la entrega de su balance de los tres últimos ejercicios a los que están obligadas por ley. Sólo se salvan Tahivilla y Facinas (Tarifa), a las que les falta únicamente la cuenta general de 2018.

En cuanto a las mancomunidades, sólo están al día la del Campo de Gibraltar y La Janda. A la Mancomunidad de la Bahía de Cádiz le faltan las cuentas de 2017 y 2018, y la de la Sierra tiene pendiente también el balance de 2016.

La Cámara de Cuentas de Andalucía emitió recientemente un informe muy crítico con la pasividad con la que los municipios no sólo gaditanos, sino también del resto de la comunidad, afrontan sus obligaciones con el órgano fiscalizador. Sólo el 26% de los entes locales andaluces, entregaron en plazo la cuenta general de 2018, el dato más bajo de España, y que contrasta con el 74% de Aragón, o el 70% de Madrid.

“Es destacable el bajo nivel de rendición alcanzado por las provincias de Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla. En todas ellas el nivel de rendición se sitúa por debajo del 30% y especialmente en los ayuntamientos de mayor población”, señala el informe.

La situación llegó hasta el punto de que el Tribunal de Cuentas de España llegó a emitir requerimientos a 22 alcaldes andaluces y a la Diputación de Cádiz para que procedieran a rendir las cuentas de los ejercicios comprendidos entre 2013 y 2016. En el caso de la Diputación, la institución que preside Irene García se ha puesto al día con todas sus obligaciones fiscalizadoras.

Estos requerimientos se convirtieron en la imposición de multas a los alcaldes de ocho municipios andaluces, seis de ellos en Cádiz –Algodonales, Arcos, El Puerto, Puerto Real y Prado del Rey–.

De ellos, sólo Prado del Rey ha remitido todas las cuentas requeridas, según indica la Cámara de Cuentas, que lamenta no tener competencias legales para imponer sanciones, como sí ocurre en otras comunidades, “en caso de incumplimiento de la obligación de rendición de cuentas o de falta de colaboración en el suministro de información requerido por esta Institución en su tarea fiscalizadora”. Esto supone que las multas tienen que ser aprobadas y emitidas por el Tribunal de Cuentas, con sede en Madrid, lo que dilata su tramitación.

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