A pocas horas de que el uso de mascarillas en la mayoría de espacios interiores deje de ser obligatorio, son muchas las dudas que surgen en diferentes entornos profesionales sobre la idoneidad de seguir utilizando este medio de protección frente al Covid-19 en según qué circunstancias y contextos. 

En estos momentos previos de incertidumbre, inevitables por otra parte, los operadores jurídicos de la provincia de Cádiz aplauden la retirada de la mascarilla sin perder de vista, eso sí, que determinadas dependencias judiciales gaditanas son muy pequeñas y carecen de ventilación natural, como es el el caso de las sedes ubicadas en estadio Nueva Mirandilla de la capital gaditana. Tampoco olvidan los juicios con jurado o las causas complejas, como la que se celebra esta semana en la Audiencia Provincial con sede en Algeciras al clan de los Castañas por narcotráfico. Son vistas que llevan aparejada una mayor afluencia de público.

La fase aguda de la pandemia -según el término utilizado por las autoridades -se dio por cerrada el 28 de marzo de 2022. De ahí que el Colegio de Abogados de Cádiz, presidido por Pascual Valiente, reclame la "desaparición inmediata de todas las barreras que impiden el acceso a los tribunales y oficinas judiciales a los abogados".

Para los letrados gaditanos, esas barreras son "absolutamente inaceptables, máxime a partir de este martes con la eliminación de las mascarillas en interiores". La corporación colegial denuncia las dificultades que todavía tienen los profesionales para el desempeño de su actividad en los tribunales por los obstáculos colocados en las oficinas judiciales, y responsabilizan de ello a los propios órganos judiciales y a la administración autonómica "por permitir esta situación que afecta gravemente a los derechos de los ciudadanos y a los abogados como sus defensores", critican.

Los abogados, aseguran, no se oponen al empleo de mascarillas después de la eliminación de su obligatoriedad tanto en las sedes judiciales como en las salas cuando resulte conveniente por razones de espacio o aforo. "Ahora bien, nos oponemos radicalmente a que, a estas alturas de la pandemia, con la normalización de la actividad en todos los sectores, las Administraciones Públicas y, especialmente, la Administración de Justicia, impidan el libre acceso a los ciudadanos y profesionales, que ven gravemente afectado el ejercicio de sus derechos", concluyen.

"Nos han echado a la calle"

José Blas Fernández, presidente del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz, coincide con los abogados en que "ya es hora de abrir, de una vez por todas, las oficinas judiciales". "Con motivo de la pandemia, los graduados sociales y todos los operadores jurídicos nos hemos visto en los pasillos de prestado. Nos han echado a la calle mientras los funcionarios estaban en sus mesas parapetados detrás de un metraquilato, y es no es justo, pues nosotros somos parte del sistema", lamenta José Blas.

"Los juzgados se han convertido en conventos de clausura. Los profesionales llevamos mucho tiempo siendo atendidos en un mostrador como un tendero lo hace en un almacén. Además, sin dejarnos acceder a los expedientes. No es de recibo. Hay que eliminar esas barreras de inmediato", añade el presidente de los graduados sociales.

Respecto a la retirada de las mascarillas en interiores, José Blas ve con bueno ojos la medida, "lo que no quita que cada uno lleve la protección que estime oportuna". En este punto, recuerda que los graduados sociales acuden a sedes de los Juzgados de lo Social y del Mercantil que no tienen ningún tipo de ventilación. 

"¿Que quieren mantener los geles hidroalcohólicos? Me parece bien. Trabajamos con papeles que tocan muchas manos. Pero ya está bien de parapetar los juzgados, de declarar por videoconferencia y de celebrar juicios con puertas abiertas y cero intimidad", se queja el presidente de los graduados gaditanos.