educación

Verdades y mentiras de la ley Celaá

  • Un ataque a la libertad de elección, a la religión o la lengua castellana: así ha sido recibida la nueva reforma educativa 

  • Frente a todo este ruido, nadie habla de las necesidadesde un sistema educativo que permanece estancado 

El naranja fue el color emblemático de las protestas de esta semana frente a la LOMLOE en todo el país

El naranja fue el color emblemático de las protestas de esta semana frente a la LOMLOE en todo el país / Chema Moya/Efe

La respuesta a la llamada ley Celaá, la reforma educativa del Gobierno central, ha sido clamorosa. Los puntos de choque, la nueva tríada de lengua, religión y, sobre todo, libertad, se han esgrimido tanto por parte de los muchos manifestantes convocados esta semana en toda España, como desde distintas autoridades. La Junta de Andalucía ha encargado un informe jurídico para evitar lo que considera un “atropello” contra la “libertad de los padres”, mientras que la Iglesia apoyará un recurso ante el TC, ya que cree que se vulnera el derecho de los padres a elegir, “recogido en la Constitución”.

Realmente, lo que la Constitución recoge es el derecho a la educación de los niños: “Y la libertad de enseñanza comprende elegir entre los centros que la administración te ofrezca, no a pagarte la plaza en el que tú quieras” , apunta Jaime Martínez, que ha sido inspector de educación durante 37 años en la provincia.

“Es una reacción furibunda por parte de la educación concertada y del bando político de derechas, que se ha alineado a ese lado, bajo el falso dogma de la libertad –comenta el escritor Pablo Gutiérrez, profesor en un instituto de Sanlúcar –. La libertad aparece por encima de cualquier otro concepto. Pero, realmente, de lo que se trata es de afianzar posiciones en una batalla que se libra desde hace mucho tiempo. Uno de los problemas de la educación es que vivimos en un sistema público dual, donde lo privado juega a dos barajas”.

La concertada no va a desaparecer en este país –sostiene Gutiérrez–. Seguiremos siendo la anomalía de Europa. Y va a ser así porque hay mucha gente que lo quiere, ese es el principio de realidad”.

Al fin y al cabo, somos herederos de hidalgos, del aparentar, del creerse superior al de al lado, del quiero y no puedo: “En cualquier caso –añade–, una ley que nace con la oposición diciendo que la derogara en cuanto llegue al poder, es un brindis al sol”.

Una de las líneas de este brindis al sol, cuando se habla de la equidad en educación, señala que las Autoridades públicas “velarán para evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza”.

“En ninguna parte se ha dicho jamás que se pueda dejar fuera de un centro a nadie por tener menos ingresos –comenta Jaime Martínez– . Otra cosa es que la gente se valga de artimañas. Ocurre con centros concertados, pero también con colegios públicos que tienen buena fama y muchas peticiones. Recuerdo una vez un padre que vino a decirme que quería que su hijo fuera donde iban los hijos de los médicos y abogados del edificio, no los del conserje. Esa es la clave, pero ese no es el criterio”.

La cacareada libertad de elección es un insulto en muchos pueblos y barrios en los que no hay, de facto, posibilidad de elegir

La segregación de facto que proporciona el sistema es, para Pablo Gutiérrez, la verdad de la que nadie habla entre todo este ruido: “Los concertados surgen, en gran parte, de centros religiosos; es decir, están en los centros de las ciudades, no están en barrios de nueva creación, no están preparados ni quieren atender a las familias de circunstancias más delicadas: exclusión, inmigración y educación especial”.

“Cuando las familias llevan a sus hijos a estos centros –prosigue–, lo que quieren intentar es que su hijo se relacione con familias ‘afines’, o familias ‘bien’ . Y todo lo difícil, lo que sobra, va al saco de la educación pública”.

De hecho, la cacareada “libertad de elección” es un insulto en muchos pueblos y barrios donde no hay posibilidad de elegir.

Uno de los puntos más problemáticos de la LOMLOE es que desaparece el concepto de “demanda social” para los centros concertados: hasta ahora, se permitía crear más plazas en la concertada si las familias lo solicitaban, aunque hubiera plazas libres en la pública. María Jesús de León Morgado, de USTEA, recuerda al respecto el “maltrato” sufrido por el recorte de líneas que, en la provincia, ha sido mayoritario en los centros públicos: “La Junta ha suprimido 568 unidades en la pública este año, casi todas, entre Cádiz y Sevilla. Y luego está el tema de la adscripción de centros concertados. Villoslada ira 100% adscrito, en vez de San Severiano, a Salesianos”. Para la presidenta de la Junta de Personal Docente, la actual ley está levantado mucha polémica, pero apenas cambia nada: “Es la pública la que debería estar en la calle tras años de recortes de unidades, y lo vamos a estar. Desde la Junta de Personal, nos van a tener enfrente protegiendo y defendiendo a la pública. Ella es la amenazada, no la concertada, que sigue fortalecida. Para nosotros, la LOMLOE es una ley que se queda corta porque sigue manteniendo los conciertos y apenas protege a la pública”.

La reforma de Isabel Celaá descarta el acceso de la educación concertada a suelo público para la construcción de centros y el pago de cuotas: “La madre del cordero de todo esto –apunta Pablo Gutiérrez– es económica. En principio, los concertados administran los fondos públicos sin ánimo de lucro. Pero luego hay aportaciones voluntarias, además de las extraescolares… Y no olvidemos que todas estas congregaciones tienen sellos editoriales donde usan los chequelibros: los maristas tienen a Vicens Vives; San Juan Bosco, Edebé… Además de esta financiación colateral, parten con la ventaja de mejores infraestructuras”.

Entre los agravios de la reforma está el “menoscabo” a la Religión, ya que la asignatura dejará de computar en la nota media –algo que ya existía antes de Wert–: “Cuando estamos hablando de centésimas de nota, de raspar cara a la Selectividad –indica Jaime Martínez–, contar con el seguro de una nota alta era una aliciente para exigirla”. Sin embargo, para la plataforma Europa Laica esta medida es, por el contrario, muy tibia, ya que siguen vigentes los acuerdos y los conciertos.

"Es la pública la que debería estar en la calle tras años de recortes de unidades, y lo vamos a estar"

La nueva ley señala que en Primaria habrá un área de Educación en Valores cívicos y éticos y, en uno de los cursos de Secundaria, todo el alumnado “impartirá Educación en Valores” , que incluirá un acercamiento a la Constitución. Vive Dios que nos hace falta.

Quizá lo más llamativo sea la indignación referente al castellano. Muy lejos de perder su condición, “el castellano y las lenguas cooficiales –marca la disposición adicional trigésimo octava– tienen la consideración de lenguas vehiculares”. Que todas las lenguas oficiales del país tengan la misma categoría se considera motivo de alarma aunque ya existen, por ejemplo, centros bilingües con más horas en inglés o francés que en castellano.

“En algunas zonas, lo que sucede con el castellano es un problema de disglosia, no de bilingüismo. El español no está amenazado. Entran en juego aquí factores políticos para alinear derechas e izquierdas”, indica Gutiérrez.

Para Jaime Martínez, no obstante, la enseñanza del español sí que está comprometida en regiones como Baleares o Cataluña, donde el castellano vive una situación de “arrinconamiento”.

Los Centros de Educación Especial, su desaparición o estrangulamiento han protagonizado, también, muchos titulares. El Artículo 4.3 de la LOMLOE especifica que se “tenderá a lograr el acceso o la permanencia de este alumnado en el régimen más inclusivo”. La disposición adicional cuarta complementa este punto señalando que el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, “desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años (...) los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”. No obstante, “se continuará prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial” para alumnos que requieran una atención muy especializada. Instituciones como Afanas se han sentido amenazadas ante esta propuesta, y se unían el pasado lunes a las protestas. “El problema aquí, creo, es de concepto. La línea maestra es la inclusión. En la guerra cultural, la palabra inclusividad está en un bando determinado”, señala Gutiérrez, que cuenta entre sus alumnos con chicos de un aula específica de formación básica.

Otra de las piedras de toque en la nueva ley educativa es la que dinamita la “cultura del esfuerzo”. En román paladino: abre la posibilidad a pasar la ESO sin límite de asignaturas suspensas, mientras que el título de Bachillerato se logrará con una materia sin aprobar, siempre que tenga el visto bueno del equipo docente. Una medida que, opina Pablo Gutiérrez, puede “entorpecer la práctica del aula: Va a ser muy complicado levantar la asignatura si los chavales saben que la pueden dejar”. Jaime Martínez piensa, sin embargo, en el altísimo índice de suspensos que arrastramos. “Y de repetidores”, añade: “Tenemos el índice de suspensos, abandono y titulación a la cola de Europa. El porcentaje de chicos que terminan su promoción en cuarto de ESO en la provincia es bajísimo, la mitad del total. Aquí no se está hablando de que se apruebe al que no sepa, sino de suavizar algunos criterios con una sola asignatura suspensa”.

DE LO QUE NADIE HABLA 

Las nueve (NUEVE) reformas educativas que ha vivido el sistema español en su historia reciente parecen haber sido diseñadas por el príncipe de Lampedusa. La educación en nuestro país ha demostrado tener cualidad gatopardiana: de tanto en tanto, parece, todo tiene que cambiar para que nada cambie. La última de las reformas no viene, precisamente, a romper la dinámica: una modificación, de otra modificación, que modificaba a su vez la ley anterior de Zapatero.

“Da la sensación de que es un corpus que se ha hecho rápido, a partir de opiniones, creencias… pero que no va al núcleo del proceso educativo comenta –el matemático e inspector jubilado, Jaime Martínez–. Se ha hecho sin números, sin libro blanco de negativos y positivos. Hacer algo que envuelve a más de un millón de alumnos y cientos de miles de profesores requiere un estudio previo mucho mayor. Es muy delicado”.

Apenas ha habido, subraya Martínez en una queja que comparte con los más críticos a la nueva ley, consultas con los agentes sociales, “que, aunque puedan dar visiones sectoriales, en conjunto proporcionan la fotografía”.

“Hay que partir de los datos reales –continúa–. En las pocas evaluaciones internacionales en las que participamos quedamos siempre muy mal y se nota que estamos estancados. Hay que marcarle objetivos al sistema educativo para saber si progresamos o no. Las evaluaciones de diagnóstico son, por ejemplo, una buena idea, pero si son como las que yo he conocido más vale que ni se hagan”.

Entre las fallas endémicas de la maquinaria, esas que deberían protagonizar la conversación y no lo hacen, Martínez destaca que nuestro sistema educativo está mucho más segregado de lo que parece: “Hay diferencias tremendas, por ejemplo, según el lugar de nacimiento. Un niño que nace en Canarias lo tiene mucho más duro que uno en Castilla y León. De manera implícita, estás condenando a la gente de un sitio. Y esto son datos que maneja el Gobierno y que, también, se saltan la Constitución”.

"Esta reforma se ha hecho sin números, sin libro blanco de negativos y positivos y sin apenas consultar a los agentes sociales"

Otro tema es el asunto de las ratios que, según Martínez, la demografía va a terminar condenando, pero a la inversa, mientras aún hablamos de saturación: “Lo general es que la ratio en ocasiones no llegue ni a los 20 alumnos. En el año 74-75, por ejemplo, en el interior de Cádiz, los censos de los ayuntamientos pasaban de los 3000 nacimientos por año. El año pasado no llegaban a 700: ha caído la población del orden de cinco veces”. También pone en duda la creencia de que, cuanto menos niños haya en una clase, sea mejor para la competencia: “Algo que no es muy popular entre los profesores”, añade. “Pero, cuando mides la nota de los alumnos a nivel global en institutos y colegios, no hay correlación entre ratio y rendimiento”.

Un clásico entre el país de la piruleta que suponen los preámbulos de las leyes educativas y su realidad es comparar el desiderátum respecto a los conocimientos –en este caso, potenciar las tecnologías y los valores STEM; disminuir la brecha de género en carreras de ciencias puras, etc – y la realidad curricular. Un currículum que resulta “denso e inabarcable”, comentan los especialistas, y con un horario escolar arrollador: cinco horas seguidas en Primaria y seis en Secundaria son insostenibles, máxime, “cuando se ha comprobado que la curva de atención baja considerablemente a partir de la tercera hora”. Y, en numerosas ocasiones, con el mismo esquema de aprendizaje: explico, dicto, pregunto, pongo ejercicios, no da tiempo, deberes para casa, clases particulares (quien puede).

“Enseñar los afluentes y los verbos irregulares es algo que ya sabemos que sabemos hacer, y ojo, la educación tradicional tiene virtudes enormes y ha de convivir con muchas cosas nuevas. Uno no puede ser siempre el profesor fantástico –indica Pablo Gutiérrez, profesor de Lengua y Literatura–. Precisamente, el éxito está en ser capaz de manejar distintas estrategias. El alumno ha de aprender, o de intentar estar, delante de distintas cosas, desde un poema de Quevedo a una infografía para ver como el virus avanza en la clase. Tampoco pasa nada. Yo he disfrutado mucho de muchas clases magistrales, siempre y cuando no sea estar seis horas sentado. Hay que maximizar un sistema en el que se integren todas esas destrezas”.

Una cosa es predicar y otra, dar trigo –comenta Jaime Martínez respecto a la diferencia entre el espejismo de las leyes ministeriales y la realidad–. Por ejemplo, lo del STEM (acrónimo inglés de Ciencia, Tecnología, Ingenierías y Matemáticas) es un problema bastante serio. Somos un país deficitario en ciencia y tecnología, no producimos tantos técnicos como necesitaríamos. Las matemáticas se siguen atragantando, se siguen enseñando como hace treinta años. Un estudio de la Sociedad Española de Matemáticas determinaba que la mejora en la formación matemática de la población incide en un 10% en el PIB”.

Tenemos un currículum que resulta "denso e inabarcable", comentan los especialistas, y un horario escolar "arrollador"

Desde el ámbito de la inspección educativa, se señala también la urgencia de una “actualización pedagógica y didáctica del profesorado, con una formación mucho más técnica”, así como la “necesidad de acabar con ese individualismo atávico de que en mi aula no entra ni Dios”. La evaluación de la labor directiva y del profesorado, rubrican, ha de tener “consecuencias, con incentivos a los buenos y con sanciones a los otros. Y es urgente, también –añaden– una enseñanza más preventiva para dar respuestas inmediatas al alumnado cuando se detecta el problema. Ello solucionaría el desastre de la repetición fácil, cuyos datos son escandalosos”.

“Más allá de lo que dicen las leyes, los profesores bregamos con lo que tenemos. En general, hemos notado mucho la falta de medios. Al contrario que otros, por ejemplo, este año yo puedo decir que ha sido muy bueno en mi centro, porque el personal covid nos ha provisto de personal extra, y hemos podido atender mucho mejor, hacer desdobles y demás. Pero esto viene a subrayar el núcleo material del que hablamos –continúa Pablo Gutiérrez–. Necesitamos manos, metros cuadrados, espacios, infraestructuras. Todo esto ha quedado mucho más claro al necesitar aulas más amplias o un sistema de ventilación adecuado. Porque sí, esta es una situación excepcional, pero lo cierto es que casi nunca podemos trabajar en grupo, no hay aulas comunes de exámenes, de ensayos para teatro, festival de cortos... Ese tipo de cosas que son, realmente, las que enriquecen la enseñanza”.

Cuarenta años de reformas y los cambios, al cabo, parecen maquillaje: “Uno de los estudios más bonitos que hice fue pasar horas en institutos viendo clases en centros concertados y públicos, con las mejores y peores notas en Selectividad –rememora Jaime Martínez –. En el sistema público, el mejor había sido el IES de Tarifa y el peor, el desaparecido Virgen del Carmen, de la Viña. Y lo primero que me dejó pasmado fue la conclusión de que, a excepción de las fotocopias y el antiguo índice de temas de cuando yo estudiaba, en los años sesenta, el resto era igual. El profesor explicaba en la pizarra, ponía los ejercicios, los corregía. Una actualización al respecto es más que necesaria”.

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