El sindicato UGT prepara movilizaciones en el sector de los talleres de automóvil de la provincia de Cádiz al considerar que no se está aplicando el convenio provincial del metal después de que el Tribunal Supremo ratificara en enero el fallo del TSJA dictado en 2018 en el que se denegaba la petición de la Asociación de Reparadores de Automóviles de la Provincia de Cádiz (Asoreca) y la Asociación de Concesionarios (Acoauto) de anular el convenio del metal o excluir a sus afiliados de su ámbito de aplicación.

La situación afecta "no sólo a los grandes concesionarios, sino a más de más de 1.000 empresas relacionadas con el sector del automóvil en la provincia de Cádiz", según el secretario provincial de FICA-UGT, Antonio Montoro, que se ha reunido este miércoles con los delegados sindicales del ramo.

El sindicato solicitó "por escrito" la pasada semana a las empresas que aplicaran el convenio, y les invitó a una reunión "para normalizar esta situación de manera cordial". "Pasado un tiempo prudencial y al no haber recibido respuesta, tomaremos decisiones", ha señalado Montoro.

El primer paso será realizar asambleas informativas en los centros de trabajo "con vistas a realizar acciones para la primera quincena de marzo". El sindicato baraja "paros parciales, jornadas alternas o días continuados de paros", según indica en un comunicado.

En su fallo dictado a finales de enero, el Supremo dio la razón a los sindicatos CCOO y UGT así como a la propia Federación de Empresarios del Metal de Cádiz (Femca), que ve legitimado su papel como representante de la patronal en la mesa de negociación, como viene ocurriendo desde 1980.

La sentencia desestima los argumentos esgrimidos por Asoreca y Acoauto en su recurso de casación contra el fallo del TSJA de 2018 y avala el papel de Femca tanto por criterios de participación histórica como por haber acreditado su legitimación con el número de empresas afiliadas y de trabajadores que engloban dichas empresas, superando los umbrales que exige la ley.

La consecuencia inmediata es la aplicación del convenio del metal a los trabajadores de talleres y concesionarios de coches, tanto en materia de retribuciones como en derechos sociales.