Rafael Ricardi lo tiene crudo si al final se demuestra su inocencia. El caso del portuense, encarcelado desde 1995 por una violación que la Policía achaca desde hace tres meses a dos jerezanos de amplio historial delictivo, aunque hace ya ocho años que científicamente se demostró que su ADN no correspondía al de los restos hallados en la agresión, es prácticamente calcado al de dos marroquíes a los que la Justicia, 17 años después, no les ha hecho aún justicia.

Otro tópico, la lentitud judicial, que se cumple con toda su crudeza en este caso de error sí demostrado: A uno ya no se le va a poder hacer justicia. Hace ocho años que murió en prisión. A otro, hace poco le han denegado un indulto pedido nada menos que nueve años atrás .

La historia del caso de Abderrazak Mounib y Ahmed Tommouhi guarda inquietantes similitudes con la de Ricardi.

A final de 1991, una oleada de violaciones sacudía a Cataluña. Dos agresores sorprendían a sus víctimas, parejas (en la oleada de la Bahía de Cádiz, entre 1995 y 2000, en varias ocasiones los encapuchados asaltaron a parejas, violando a la mujer mientras amenazaban al hombre con una navaja al cuello) en descampados, los desvalijaban y violaban a la chica.

Las víctimas apuntaban hacia asaltantes magrebíes, por tener la piel oscura y hablar un idioma raro, posiblemente árabe. Se desató la alarma. Y la Policía, en noviembre de 1991, se encaminó hacia una pensión de Tarrasa, donde se alojaban algunos marroquíes. Dos respondían a la descripción de los violadores y fueron detenidos. A uno nadie le reconoció. Al otro sí: comenzaba el calvario de Ahmed Tommouhi, de 40 años, con papeles en regla, sin antecedentes penales , un albañil temporero que se había trasladado hacía poco a la población buscando trabajo.

Dos días más tarde, era detenido en Barcelona Abderrazak Mounib, un vendedor ambulante que residía en España desde hacía 16 años con su mujer y sus cuatro hijos. Fue reconocido en Comisaría por algunas víctimas tras mostrarles fotos. Como Ricardi, no tenía antecedentes penales pero sí policiales aunque prescritos. Por eso su foto estaba en los ficheros.

El portuense fue detenido en la misma jornada de la violación que pena. La víctima dijo que uno de los agresores tenía un defecto en un ojo. Le mostraron varias fotos, pero sólo una de alguien con un defecto visual: la de Ricardi, que padece estrabismo severo en el ojo izquierdo, y dijo que era él. El acusado, politoxicómano que malvivía debajo de un puente, era detenido.

Los dos marroquíes fueron identificados (en ruedas de reconocimiento con irregularidades, según sus defensas; lo mismo dice la de Ricardi) por algunas víctimas.

Con los dos ya encarcelados, como en el caso del gaditano, las violaciones continuaron. En paralelo, la maquinaria judicial echaba a andar y eran condenados por cuatro violaciones. Sus recursos de casación al Supremo (como el de Ricardi) fueron rechazados argumentando, como hizo hace ocho años la Fiscalía de Cádiz con el portuense, cuando el informe del Instituto Nacional de Toxicología descartó su ADN, que habían sido identificados con firmeza por las víctimas.

En el verano del 95, caía en Cataluña, en una emboscada montada para acabar con el rebrote de las violaciones, Antonio García Carbonell. No era árabe, sino español, de etnia gitana: la lengua caló había sido confundida con el árabe. Para más inri, eso explicaba las identificaciones, guardaba un gran parecido con Tommouhi.

El ADN delató al español en los nuevos casos registrados (en el de Ricardi, a uno de los jerezanos, y se esperan análisis del otro) y también en uno de los que penaban los dos marroquíes: los restos orgánicos pertenecían a dos hombres, uno, Antonio García, y otro, con un parentesco próximo, no apresado.

No fue hasta mayo del 97 cuando el Supremo absolvió a los marroquíes de la violación ya achacada al español desde hacía más de año y medio. Pero en las otras tres que penaban, con el mismo modus operandi que la que les fue imputada por error, no había restos. Y las víctimas seguían identificándolos.

Sus recursos de revisión fueron rechazados por el Supremo. En el caso de Mounib, muy poco antes de que un infarto acabara con su vida en la prisión, en abril del 2000. Después, llegó el veto del de Tommouhi. Un año antes, el fiscal jefe de Cataluña había solicitado para este último el indulto, al albergar muy serias dudas de su culpabilidad. Y hasta hace muy poco, nueve años después, no ha sido resuelta esa petición en sentido negativo. El marroquí, que salió en libertad condicional en 2006, después de 15 años de prisión y que no liquidará su condena hasta abril de 2009, sigue proclamando su inocencia. En ella cree a pies juntillas Manuel Borraz, un ingeniero catalán impactado por la gravedad del caso, que lo investiga desde hace años y que contactó con este diario para advertir las similitudes con la historia de Ricardi.

Al portuense, encarcelado desde hace 12 años y ocho meses, le quedan más de dos años para saldar sus cuentas con la justicia. Fue condenado a dos penas de 18 años (como violador y cooperante del otro encapuchado no apresado) por el antiguo Código Penal, que permitía redenciones por trabajos. Su abogada ha iniciado los trámites para pedir la revisión de la condena, pero sin respaldo de la Fiscalía, que aguarda nuevas pruebas para decidir.

Pero el tiempo sigue corriendo. Y como se ha demostrado con estos otros Ricardi, el posible error podría ser enmendado muy tarde.