Pleno ordinario en el Ayuntamiento de Puerto Real que, al margen de una propuesta de modificación parcial de la plantilla de personal laboral y funcionario, apenas tuvo contenido local y se centró en las propuestas de los grupos municipales. Una de ellas fue la que presentaron de forma conjunta los grupos de Adelante Puerto Real, AxSí, Equo y PSOE, “contra la total privatización de la gestión del Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de La Algaida”.

En la propuesta, aprobada con el único voto en contra del edil de Ciudadanos, se solicitaba a la Junta de Andalucía la retirada de la licitación del contrato de gestión integral del parque y que se refuerce la gestión pública. Del mismo modo se pidió el mantenimiento de los puestos de trabajo actuales y una solicitud para que se cumpla una vieja reivindicación del municipio: la construcción de un centro de visitantes en la entrada del parque por Puerto Real, ya que no aparece citado en el pliego en licitación pese a incluir la gestión hasta el año 2023.

Intervención de Adolfo Etchemendi en el Pleno

Para reforzar el discurso de los grupos proponentes se contó con la participación de Adolfo Etchemendi, que habló en nombre de Ecologistas en Acción, y que repasó el amplio abanico de actividades que hasta ahora se ofrecen en el parque, “todas ellas gratuitas”, y que a su juicio corren peligro “por el interés de la Junta de privatizar el Parque por la vía de los hechos consumados”. Además, repasó las once empresas que han optado a la licitación - solo una de la provincia de Cádiz-, que en la mayoría de casos son grandes multinacionales como Thaler, Acciona, Eulen o FCC.

La única voz en contra de la moción fue la del portavoz de Ciudadanos, Guillermo Cisneros, que puntualizó que “ni el parque se va a privatizar ni nadie va a perder el trabajo. Se va a continuar con la externalización de servicios como venía haciendo el PSOE desde hace quince años”.

Por su parte, tanto PSOE como Adelante Puerto Real criticaron que la Junta publique el contrato por la vía de urgencia “casualmente justo después de que se haya invertido en el Parque más de un millón de euros de los fondos de la ITI”. Todos los proponentes mostraron sus temores de que la empresa que se haga con el contrato acabe por primar la rentabilidad económica y prescinda de actividades que hasta ahora se habían organizado buscando la rentabilidad social o medioambiental.