El teniente de alcaldesa responsable del Área de Economía y Hacienda, Rufino Morillo, ha culpado a los equipos de gobierno anteriores de que Puerto Real no pueda acceder a las ayudas que la Mancomunidad de la Bahía de Cádiz va a prestar a los municipios que la forman para paliar las consecuencias de la pandemia.

Asegura el responsable económico del Ayuntamiento, que “si en anteriores mandatos se hubieran cumplido las obligaciones a las que estaban comprometidos, nuestro municipio recibiría ahora la nada despreciable cantidad de 260.000 euros, que vendrían a paliar los numerosos gastos producidos por la crisis del coronavirus”.

Para acceder a estas subvenciones (y tal como recoge la Ley 38/2003 General de Subvenciones) es necesario estar al día del pago de las cuotas a la Mancomunidad, pero el Ayuntamiento tiene una deuda por este concepto, que es el que da derecho a las ayudas, que asciende a más de 1 millón de euros, por lo que no podrá siquiera concurrir a la convocatoria y presentar la solicitud.

“Ahora, apunta Morillo, es imposible resolver un problema generado a lo largo de muchos años de manifiesta irresponsabilidad, en ocasiones por su no inclusión en los presupuestos, otras por no proceder a su reconocimiento o, en definitiva, por no proceder a su abono.” El representante municipal se lamenta por la pérdida de estos recursos “que hubiesen compensado de alguna manera las mermadas arcas municipales agravada por estos tiempos de crisis".

Las ayudas, grosso modo, se hubiesen destinado a dos líneas de actuación: paliativas (apoyo a Protección Civil, compra de material sanitario, contratación de personal de apoyo, colaboración a gastos de manutención, dotación de medios para centros de mayores, refuerzo de la ayuda a domicilio y otras medidas de carácter social), y regeneradoras, con vistas a paliar sectores económicos que mayores consecuencias está generando la pandemia: hostelería, cultura, turismo, comercio, transportes o ayuda a emprendedores.

Rufino Morillo ha concluido declarando que “respetamos todas las opiniones, incluso las de quienes no creen en el sistema. Pero si se accede a una responsabilidad del gobierno que tiene unas normas, hay que cumplirlas, no obviarlas como si no existieran, porque quien sufre finalmente las consecuencias es la ciudadanía de Puerto Real. La dignidad política de un Ayuntamiento ha de pasar ineludiblemente por el cumplimento de los compromisos que adquiere”.