El gerente de la empresa municipal El Puerto Global, Rafael Serrano, ha demandado al concejal de Unión Portuense en los Juzgados, acusándole entre otras cosas de injurias y calumnias y acoso laboral.

Javier Botella considera que se trata de "una estrategia perfectamente dirigida" para coartar su libertad de expresión, por ello pese a que todos los partidos de la oposición han denunciando las mismas cuestiones y se han expresado públicamente en los medios sobre el denominado 'Caso Serrano', "el gerente ha tomado la decisión de denunciar únicamente al concejal del partido portuense que a diferencia de los otros partidos de la oposición no cuenta con respaldo nacional, creyéndose que de esta manera la vía judicial podrá intimidar su legítima acción como oposición y fiscalización de todo lo concerniente a la gobernabilidad de la ciudad, incluido las empresa municipales", explica el edil.

En el comunicado emitido por Botella explica que "una de las polémicas más graves que ha suscitado este gobierno es la irregular reincorporación del gerente de El Puerto Global. A lo largo del mandato he ido ejerciendo mi derecho y deber de informar a los portuenses sobre estos hechos y el grave perjuicio económico que suponen para la empresa municipal y por ende para los portuenses", señala.

Según Botella, "como consecuencia de ejercer el derecho fundamental a la libertad de expresión y el derecho a ofrecer información pública veraz, el gerente de El Puerto Global ha interpuesto contra mi persona una demanda de conciliación previo a la interposición de una querella criminal, donde se me acusa de calumnias e injurias y de acoso laboral, reclamándome, además una indemnización de 30.000 euros por daños morales".

El portavoz del grupo mixto, no obstante, anuncia "que seguiré ejerciendo con lealtad, como representante público elegido democráticamente, mi derecho a la libertad de expresión y mi derecho y deber a seguir fiscalizando a este gobierno, en todos los aspectos que sean lesivos para los intereses generales de El Puerto de Santa María", denunciando además que "denuncias judiciales o amenazas sin fundamento causen intimidación o coacción alguna en mi persona, ni en la labor que me han encomendado los portuenses".