Mayo de 2007. Un vecino de Chiclana presenta una denuncia ante la Fiscalía de Cádiz. El hombre otorgó un poder notarial a un corredor inmobiliario que le prometió la venta de una finca suya. Al darse cuenta de que habían falsificado datos de su propiedad (como la división en cuatro fincas, con una vivienda en cada una, cuando en sus terrenos no había inmueble alguno), interpuso la denuncia que destapó una trama urbanística de regularización de viviendas ilegales, el conocido como caso Obra Nueva. En este entramado se vieron implicados empleados de banca, arquitectos, tasadores, un abogado y numerosos particulares, entre otros. 

El pasado mes de enero, quince años después de que saltase el escándalo urbanístico, se celebró en la Audiencia de Cádiz el juicio que sentó en el banquillo a 38 personas. Este jueves ya se ha hecho pública la sentencia, que se ha saldado con penas mínimas de prisión para los principales acusados, habida cuenta el importante retraso que ha sufrido la causa.

Entre ellos se encuentra el arquitecto Joaquín Pallí, al que el tribunal de la Sección Cuarta ha impuesto cinco meses de cárcel como autor de un delito continuado de falsedad en documento público. Pallí evitó el juicio al confesar los hechos y llegar a un acuerdo durante la primera sesión de la vista oral. Este arquitecto ya ha sido condenado varias veces en firme por casos de obra nueva fraudulentos registrados tanto en El Puerto como en Chiclana y ha estado en prisión.

Otro de los condenados es el abogado José Ignacio Rosano, que fue detenido en el verano de 2007 junto al arquitecto Pallí en la primera fase de la operación Obra Nueva. El letrado, colaborador de un banco a la fecha de los hechos, ha sido condenado a un año y ocho meses de prisión por un delito continuado de falsedad de documento público. 

La trama Obra Nueva se desarrolló entre los años 2006 y 2007 en Chiclana a través de dos fases para lograr la regularización de edificaciones ilegales, según ha quedado probado. En una primera fase, los implicados se hacían con fincas no urbanizables y simulaban que en ellas ya existían viviendas con más de cinco años de antigüedad para que no pudieran ser demolidas, cuando en realidad no había nada. Pese a ello, consiguieron que esas casas aparecieran en el Registro de la Propiedad.

En una segunda fase, pedían hipotecas sobre esas 'viviendas fantasma'. Así, cuando el banco solicitaba la tasación del inmueble, engañaban a los peritos para que valoraran viviendas emplazadas en fincas urbanizables y distintas a las suyas. Se aprovechaban del desorden urbanístico del diseminado de Chiclana y enviaban a los tasadores a peritar fincas con edificaciones que no les pertenecían, dado que las suyas estaban vacías.

Este caso sumaba 40 procesados. Dos de ellos fallecieron antes de la celebración de la vista oral. De los 38 restantes, 12 han salido absueltos y 26 han sido condenados (la mayor parte, tras haber alcanzado un pacto y admitido los hechos que les imputaban tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento de Chiclana, personado en el procedimiento).

La sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia de Cádiz no es firme respecto de los acusados que no se conformaron y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.