La Plataforma de Afectados por las Viviendas Irregulares de Conil (Pavic), ha informado de un nuevo derribo voluntario en el término municipal, en cumplimiento de una orden judicial que advertía al propietario de que en caso de no atender esta sentencia, entraría en prisión.

Ante esta presión judicial, según expone el portavoz de este movimiento ciudadano,  Sergio Cáceres, se ha optado por un derribo voluntario que ya ha sido ejecutado. Así, apunta que aún hay varios casos pendientes en muchas viviendas del término municipal que están a punto de culminar los procesos judiciales.

Un final para estas construcciones que no es el deseado para este movimiento ciudadano. Para su portavoz, las leyes que se están redactando y buscan dar una salida al parque de viviendas construidas fuera de ordenación, no están dando una salida para los ocupantes de estas casas, la mayoría de ellas de primera ocupación.

Para este movimiento ciudadano, el dejar a una familia sin su casa es “un desahucio y no un derribo”, por lo que pretenden definir de esta manera estos procesos jurídicos.

A finales de marzo, unos 200 vehículos participaban en una movilización convocada por la PAVIC. Salieron a la calle para pedir  agilidad a las administraciones para evitar situaciones como la vivida por Rosario Sánchez, una vecina de esta población que había ingresado en prisión por no derribar la vivienda en la que residía con su familia.