El pleno del Ayuntamiento de Puerto Real ha aprobado una moción para solicitar al Gobierno de España, a la Junta de Andalucía, a la Diputación de Cádiz y a ADIF, que "cesen de forma inmediata" en el uso de glifosato, polioxietilamina y sus distintas formulaciones, para el mantenimiento de las infraestructuras de su competencia en el término municipal de Puerto Real. En ella se les insta a que opten por procedimientos más respetuosos con la salud de las personas y con el medio ambiente.

La propuesta partió una vez más del grupo municipal de Equo Verdes, que llevó la moción a través de su única concejal, Vanessa Huerta. La concejala verde recuerda que su grupo, cuando llegó al gobierno local en la pasada legislatura, ya prohibió su uso en el Ayuntamiento. Además, en agosto del pasado año, se aprobó en Puerto Real, y por primera vez en nuestro país, una ‘Ordenanza para reducir la exposición de la población y el medio ambiente a disruptores endocrinos’.

Por tanto, la concejala cree que el trabajo iniciado por su compañera María Merello, ex edil de Medio Ambiente, continúa ahora con la propuesta aprobada en pleno por unanimidad, ya que “supone un paso más en la lucha de nuestra ciudad contra el glifosato y otros disruptores endocrinos”, al pretender implicar en ella a otras administraciones para que tomen partido y “apliquen el principio de precaución para proteger la salud de la ciudadanía, en un tema que está pasando desgraciadamente muy desapercibido”, afirma Huerta.

Equo recuerda que estas sustancias son capaces de alterar el funcionamiento normal del sistema hormonal provocando un grave riesgo sobre la salud de las personas y la fauna silvestre. La exposición de la población a contaminantes hormonales presentes en el ambiente está relacionada con el incremento de importantes daños a la salud y enfermedades, incluyendo problemas de salud reproductiva, tumores y otras enfermedades en órganos hormono-dependientes, enfermedades metabólicas, enfermedades inmunológicas y alteraciones en el desarrollo del sistema neurológico, entre otras, según advierte un estudio de la Organización Mundial para la Salud (OMS).

Huerta explica que "cuando en 2015 decidimos prohibir el glifosato y en la ciudad proliferaron las hierbas, sabíamos que sería políticamente costoso, pero también sabíamos que acertábamos mirando por la salud de la gente. Hoy vemos noticias que llegan de Estados Unidos en las que Bayer acepta pagar 11.000 millones de dólares a afectados por el glifosato y nos sentimos tranquilos de que el tiempo nos esté dando la razón”.

Además aprovechan para recordar a la ciudadanía que "este veneno es mucho más peligroso para la salud que las erróneamente llamadas malas hierbas, que cumplen una función biológica necesaria y positiva en el entorno urbano y es conveniente respetar sus procesos antes de segarlas o desbrozarlas. Aunque lamentablemente a veces estas parezcan molestar más que el propio veneno", concluye Huertas.