Janda

Malestar en la flota de Conil al quedarse fuera de las ayudas

  • Siete barcos y 25 tripulantes se han visto afectados

Vista del puerto de Conil donde se han construido un nuevo pantalán para el acceso directo a los barcos pesqueros.

Vista del puerto de Conil donde se han construido un nuevo pantalán para el acceso directo a los barcos pesqueros. / D.C. (Conil)

Siete barcos de pesca y 25 tripulantes de Conil, afectados por la falta del acuerdo de pesca con Marruecos se han quedado sin recibir las ayudas a las que se han acogido, a tenor de las resoluciones que hasta el momento ha emitido la Secretaría General de Pesca y el Instituto Social de la Marina (ISM).

La Organización de Productores Artesanales Lonja de Conil (OPP72), que les representa, ha mostrado su decepción y malestar al haberse denegado por el Gobierno de España estas ayudas a la totalidad de la flota de Conil que quedó paralizada tras la finalización del tratado pesquero con Marruecos.

La Secretaría General de Pesca designó una comisión de evaluación para la concesión de estas ayudas, y asegura no tener certeza de la parada de la flota conileña durante los treinta días que eran preceptivos, lo que les lleva a denegar las ayudas a estos barcos y por ende a sus tripulantes.

Desde la OPP72, entienden como “injusta la resolución del Gobierno de España, porque la propia Administración es consciente de que esa parada se produjo en siete de los ocho barcos, pues incluso existieron  notificaciones de que esas embarcaciones estaban desde un día antes del 14 de julio, fecha a partir de la que se contaba para la finalización del acuerdo; y el rol o licencia de pesca, fue depositada en la oficina de distrito de Barbate, perteneciente a la Capitanía Marítima de Cádiz”.

Así, desde esta organización pesquera entienden que esta situación debe ser más que suficiente para tener derecho a las ayudas que tanto a toda la marinería como a los armadores, han sido denegadas, ya que la resolución de los marineros depende de la resolución de los armadores.

En este sentido consideran que si el sistema de localización, conocido como Caja Azul no es suficiente para demostrar la paralización de la flota, existe un medio de control de la misma, que son las Cajas Verdes, “con mayor precisión que las propias cajas azules, y que en colaboración de las distintas administraciones, podrían haberlo confirmado pidiendo informe a la Dirección General de Pesca y Acuicultura que hubiese estado dispuesta a dar dicha información”.

Desde esta organización van a reclamar mediante los procesos administrativos a que haya lugar, el derecho que creen que les ampara, toda vez que incluso el propio Real Decreto es posterior a la paralización que la flota conileña llevó a cabo y que se realizó por la misma.

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