La pareja de nacionalidad alemana y cubana acusada de estafar y maltratar a varios ancianos a los que cuidaban en la llamada 'casa de los horrores' ya se encuentra en la Audiencia Provincial para el inicio del juicio por este caso, que comienza este lunes y se alargará hasta el miércoles 1 de julio, por el que la Fiscalía pide para cada uno de los procesados una pena total de 19 años de cárcel. 

La solicitud del Ministerio Público propone para cada uno de los acusados una pena de 12 años de prisión y el pago de una multa de 21.600 euros por un delito continuado de estafa en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento público; tres años de cárcel y cinco años de prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 200 metros de una de las víctimas por el delito de maltrato habitual, y un año de prisión y tres años de prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 200 metros de dicha perjudicada por cada uno de los cuatro delitos de lesiones que les atribuye.

Junto a esto, la Fiscalía también ha pedido una indemnización a la víctima de 852.642 euros, así como que indemnicen de manera solidaria al Estado español en la cantidad de 156.470,22 euros por las cantidades de las que supuestamente dispusieron de forma indebida.

El juez instructor señaló en auto fechado el 29 de noviembre de 2019 que, "a la vista de las diligencias practicadas", se deducía que la pareja "se habría prevalido de la situación de vulnerabilidad" en la que se encontraban dos ancianas a las que supuestamente cuidaban para acudir a un notario de Cádiz con el fin de que la procesada "quedara instituida como heredera universal en la herencia" de una de las abuelas.

Según precisó el instructor, mientras la anciana vinculada a dicha herencia estaba ingresada en una clínica, los acusados habrían trasladado a la otra afectada en un coche hasta la ciudad de Cádiz, donde tenían previsto acudir a un notario "a fin de que éste autorizara las escrituras que habían concertado previamente". Por lo tanto, la mujer desplazada firmó las escrituras como si se tratase de la anciana ingresada.

En su auto, juez instructor añadió que las pesquisas practicadas revelaban que los investigados "podrían haber llevado a cabo actos similares desde septiembre de 2007, momento en que dejaron de trabajar para la residencia de ancianos en la que prestaban servicios por cuenta ajena en la isla de Tenerife".

El instructor también hizo referencia al caso de la anciana a la que suplantaron la identidad ante notario. La mujer, ya fallecida, ingresó en el Hospital de Puerto Real el 14 de octubre de 2017 "en un estado deplorable de salud".

Los informes médicos forenses determinaron que las lesiones que presentaba la anciana al ingresar en el hospital consistían en desnutrición, deshidratación y déficit de higiene. El 19 de noviembre de 2018 se le realizó una exploración donde "ya no tenía esos síntomas". "Es evidente que su situación mejoró desde que no estuvo bajo el cuidado de los investigados", concluyó el juez instructor.