Según el documento del Plan Intermodal de Transporte, presentado en 1997 pero que nunca llegó a ponerse en marcha, el 20% de los viajeros que realizaban los distintos trayectos entre las ciudades de la Bahía de Cádiz utilizaban entonces los medios públicos de comunicación. El 80% restante usaba el vehículo privado. El objetivo era que en diez años se llegase al 35%-65%.

Ya en 2006 comenzó a verse que las previsiones no se cumplían, pues se mantenía el porcentaje primitivo. Y todo fue a peor en 2018, cuando se presentó el avance del nuevo Plan de Transporte Metropolitano, ya que entonces, apenas hace cuatro años, el porcentaje del usuario público había caído al 13%.

La cifra es alarmante, no sólo porque indica que se ha fracasado en la apuesta por lo público, sino porque durante este periodo de tiempo se han reforzado medios como el ferrocarril, a través de los Cercanías, y el catamarán en sus conexiones entre Cádiz, El Puerto y Rota. Y entre medio, se puso en marcha el puente de la Constitución de 1812.

Ahora, el Plan que ultima la Consejería de Fomento busca revertir de una vez por todas estas cifras. La entrada en funcionamiento del tranvía metropolitano prevista para este mes de septiembre, entre Cádiz, San Fernando y Chiclana, y la normalización de los trayectos del ferrocarril tras la pandemia de coronavirus, deberían de ayudar a este objetivo.

Pendiente de concretar los objetivos del documento, los redactores del Plan han trabajado atendiendo a una serie de prioridades.

Encabeza el listado la "reducción de la movilidad motorizada en modo de transporte privado"; promoción e incremento "de la movilidad no motorizada"; "fomentar y fortalecer el uso del transporte público, posicionándolo como una alternativa real al transporte privado, con servicios competitivos". Directamente unido a esta propuesta se incluye "el planeamiento de un modelo de movilidad metropolitano centrado en el transporte público y con modos alternativos, optimizando el uso de las infraestructuras y servicios de forma que se combata el cambio climático".

El documento que ahora se culmina buscará también "minimizar la contaminación ambiental y acústica derivada del transporte, disminuyendo el consumo energético y contaminantes que perjudican la salud y la calidad de vida de las personas".

En este sentido se propugna el fomento de "la implementación de tecnologías eficientes y combustibles de bajo impacto ambiental, favoreciendo la movilidad eléctrica", promoviendo a la vez "la gestión de la explotación y la digitalización del transporte público".

Igualmente se plantea "maximizar un uso más racional y ambientalmente óptimo del espacio urbano, identificando y dimensionando adecuadamente las inversiones en infraestructuras y servicios de transportes, adecuándolas a criterios objetivos de ahorro y eficiencia, promocionando la inversión de proyectos de mayor impacto ambiental negativo a los más sostenibles".

Finalmente se considera esencial el fomento del desarrollo de una política de educación ambiental en materia de movilidad, "contribuyendo con ello a la planificación sostenible del desarrollo urbano".

Lo cierto es que todo este análisis que se pone sobre el papel está a la espera de saber cuáles son las medidas que se adoptarán desde la administración regional para cumplirlas. No es solo un cambio de mentalidad de quienes tienen que viajar por el área metropolitano, sea cual sea la causa, sino también serán necesario que se adopten medidas contundentes si la apuesta por el transporte público es la que se afirma inicialmente.

Para ello será necesario que el tranvía funcione con agilidad y que se complemente con los trenes de Cercanías. Expertos ferroviarios consideran que aún hay hueco para más frecuencias de paso, lo que favorecería a ambos medios de transporte público.

A la vez es esencial el incremento del servicio interurbano de autobuses, extendiendo su funcionamiento a horas nocturnas y evitando que éste se interrumpa cuando comienza a anochecer.