El consejero de Educación Javier Imbroda realizó ayer una defensa de la gestión e inversión en educación especial, pese a que las AMPAs de varios colegios de la provincia de Cádiz han convocado una protesta para el próximo 30 de noviembre por la falta de personal para atender a sus hijos en los centros.

Sin embargo, Imbroda afirmó ayer que “la Educación Especial es un objetivo prioritario dentro de su acción de gobierno, línea estratégica que ha tenido un reflejo nítido en el presupuesto de 2019 de la Consejería y en el proyecto de presupuesto de 2020”.

En la provincia, según una nota de la Consejería, este curso se dispone de un total de 925 profesores y 369 monitores y técnicos para atender al alumnado con necesidades educativas especiales en los centros ordinarios públicos.

Los 16.024 alumnos con necesidades educativas especiales integrados en los centros ordinarios gaditanos en este curso 2019-20 son atendidos por 685 maestros de Pedagogía Terapéutica (PT); 240 maestros de Audición y Lenguaje (AL), 238 profesionales Técnicos de Integración Social (PTIS) dependientes de la Consejería, más otros 86 dependientes de Función Pública; 26 educadores y 19 profesionales técnicos de interpretación de lenguaje de signos. El número de maestros PT y AL ha aumentado en 24 en este curso. Hay 17 monitores (PTIS) más y el número de horas de trabajo de estos profesionales ha crecido en 317, para un total de 4.647 horas de trabajo. El total de Aulas de Apoyo a la Integración es de 103, frente a las 99 del curso anterior.

Estos datos no convencen a los padres de centros como el Celestino Mutis, Tierno Galván o Carlos III, de Cádiz; el Tartesos, de Jerez; el arquitecto Leoz, de Puerto Real; o el Padre José Casal Carrillo, de San Fernando. Son sólo algunos de los centros que han convocado la protesta del próximo día 30.